- En La Habana, Santiago de Cuba y Caimanera es 6 lbs.

miento, obligando a comprar en las tiendas que venden en dólares) incluyendo los de aseo, han disminuido sustancialmente o no se ofertan ya en este mercado racionado y subsidiado a precios comparables con los de 1962. (Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que los salarios han sido congelados a los niveles de ese año). Los casos de la carne de res y la leche son dramáticos ya que no se ofrecen al pueblo (sólo por dieta médica). El resto ha disminuido radicalmente, como el aceite de cocinar. Estos productos de primera necesidad tendrán que obtenerse a precios elevadísimos en mercados paralelos, ya sea en dólares (en las shopping) o en los mercados agropecuarios, en moneda nacional.

Pero el agravante mayor de lo dispuesto en la libreta de abastecimientos no ha sido sólo la escasez de lo programado para ser vendido al público, sino también la disponibilidad de dichos productos y la duración de los mismos. En nuestra encuesta de 1989 los entrevistados corroboraron lo que los entrevistados de 1971 afirmaban, que la ración que el consumidor podía comprar para un mes probablemente duraba alrededor de dos semanas para cerca del 93% de los consumidores. Más aún, los entrevistados de 1989 indicaron que la situación empeoró con respecto a productos que habían llegado a ofertarse por la libre y volvieron a racionarse a partir de entonces. Para inicios de 1998 la mayoría de los productos normados no se encontraban disponibles (en «falta») o estaban retrasados con respecto a lo programado para ese tipo de mercado y producto. Esto no ha ocurrido igualmente en los actuales mercados agropecuarios o los que venden en dólares, donde, a precios muchísimo más elevados, se hallan disponibles muchos comestibles y productos manufacturados (en las shopping), generando de esta forma una enorme situación inflacionaria.

Esta situación se visualiza mejor analizando comparativamente ciertos productos de primera necesidad. Tal es el caso del aceite de cocinar, prácticamente sólo adquirible en las shopping por dólares. El mismo se vende a US$2.50 por litro en dichas tiendas. Si tenemos en cuenta un sueldo promedio de 200 pesos, vemos cómo al cambio de 22 pesos por dólar (o su equivalente en peso convertible) esta persona tendrá que invertir más de un cuarto (27.5%) de su sueldo mensual en satisfacer esta simple necesidad hogareña.

Con el objeto de evaluar el contenido de la libreta de abastecimientos es conveniente compararla con el pasado en Cuba. Podemos contrastar el contenido del racionamiento con la dieta mandatoria que debían entregar los amos a sus esclavos, según escritos del historiador y sociólogo del siglo pasado José A. Saco, citados por Fernando Ortiz. El artículo 6 del Reglamento de 1842, que regulaba estas cuestiones, prescribía como dieta diaria: «de absoluta necesidad para cada individuo, seis u ocho plátanos o su equivalente en buniatos, ñames, yucas y otras raíces alimenticias [equivalente a 64 onzas diarias, versus ocho onzas en la cuota de 1962, que fue rebajada posteriormente]; ocho onzas de carne o bacalao [versus la sustitución de la carne en el racionamiento por dudosos productos como el picadillo de soya y la pasta de oca en la actual libreta, siendo el pescado también racionado] y cuatro onzas de arroz [versus 2.6 onzas que deben obtenerse por la libreta] y otra menestra o harina». Como puede observarse, los esclavos estaban, al menos nominalmente, muchísimo mejor alimentados que los cubanos de hoy, utilizando la libreta como punto de comparación.

La inconveniencia, e incluso la molestia, causadas por el racionamiento no son fácilmente percibidas por los visitantes extranjeros, aunque su existencia sea obvia al ver las colas para comprar los productos racionados. Pero esto no es lo peor del sistema. Debe señalarse que los artículos por la libreta no se han podido obtener fácilmente. Sólo el 37.2 % de nuestros entrevistados de 1971 declararon que «casi siempre» o «siempre» podían conseguir todos los bienes indicados en la libreta de abastecimientos. Los entrevistados de 1989 se expresaron, por lo general, en el mismo sentido, o sea, «cuando no falta una cosa, falta la otra». Para 1998 esta situación es aún peor, con la demora y no disponibilidad de ciertos productos esenciales, como el aceite de cocinar.

El comercio interior de Cuba ha estado monopolizado por el Estado. Los servicios comerciales dejan mucho que desear por la limitación en el suministro de los bienes de consumo, en parte, debida a una pobre organización. Otro aspecto a destacar sobre las tiendas para el pueblo es la inexistencia de medios de envase para los productos; casi todos vienen «a granel» y el consumidor tiene que llevar su bolsa, «cartucho», contenedor plástico o de cualquier tipo, para poder comprar sus productos. En las tiendas del mercado normado, los consumidores han sido defraudados al ser entregadas las mercancías con menor peso del debido y frecuentemente son tratados sin ninguna cortesía. Más aún, es contrastante también la calidad de los productos vendidos en este mercado. Tanto el arroz, como el azúcar, la sal y el café, productos principales del mercado normado, son de una calidad muy inferior a los vendidos en las shopping.

En el mercado normado, los precios son fijos, no pueden negociarse. Uno de los problemas más serios con los que se enfrenta el consumidor cubano es el suministro de bienes y servicios que frecuentemente no se encuentran en cantidades suficientes, ni en el tiempo apropiado, ni con una calidad adecuada. Así, se pueden inundar las tiendas con papas durante un breve período, y no verse luego por el resto del año. El suministro del Estado ha estado basado en la filosofía de que «el consumidor debería recibir lo que esté disponible, y lo que es posible». Las necesidades y los deseos del pueblo no son particularmente tomados en cuenta. Por otra parte, el sistema tiende a recompensar a los amigos de los empleados o administradores de las tiendas estatales (el «sociolismo»), quienes les ofrecen grandes ventajas al filtrarles productos que están bajo su control.

En un buen ejemplo de las ventajas comparativas, lo mejor de la producción agropecuaria de Cuba se exporta. Los cítricos, y también el pescado y los mariscos, son ejemplos típicos. Estos son producidos o capturados en Cuba en grandes cantidades; sin embargo, los cítricos, y especialmente los mariscos, no son vistos con mucha frecuencia en la mesa cubana.

Las razones principales que fundamenta la imposición del sistema de racionamiento han sido de naturaleza económica, pero ese sistema también ha promovido el control político. Como la libreta de abastecimientos ha autorizado a cada persona a comprar legalmente su cuota de alimentos racionados sólo en una tienda, ello ha limitado su movilidad física. Recientemente esto ha variado, con la introducción de la dolarización, como veremos, con lo cual puede entonces acudirse a cualquier tienda que venda en esa moneda o su equivalente. Debido a lo insuficiente de la cuota, hay que destacar que cada núcleo residencial ha tenido que estar constantemente a la expectativa, preocupado por cómo proveerse de alimentos en cantidad suficiente para su familia. Esto, más las actividades políticas del Comité de Defensa de la Revolución (CDR), los trabajos voluntarios y las actividades de las Milicias de Tropas Territoriales, obstaculiza involucrarse en posibles actividades antigubernamentales.

Ante la imposición de un estricto racionamiento que no ha satisfecho las necesidades vitales de la población, era inevitable el desarrollo de una economía clandestina, con su mercado negro, para la satisfacción de las mismas. Por otra parte, a pesar del gran control sobre la economía ejercido por el régimen de Castro, el efecto del incentivo de la utilidad o ganancia financiera privada se ha podido percibir fuertemente en algunos sectores económicos. En el agrícola, la productividad de las pequeñas fincas privadas es generalmente más alta (a pesar de todas las restricciones y limitaciones de insumos) que la de aquéllas administradas por el gobierno. En otros sectores, como el comercio de comestibles y artesanía, y el comercio especializado, ha sido fuertemente reprimida la práctica privada, particularmente después de la «Ofensiva Revolucionaria» de 1968, que eliminó todos los pequeños negocios, incluyendo los servicios más elementales. Esto contribuyó al desarrollo del mercado negro, tanto en la venta de productos como en la oferta de servicios de forma clandestina.

El mercado negro del pueblo ha sido parte de una gigantesca economía clandestina orientada a satisfacer por medios ilegales las necesidades de las familias cubanas que el sistema económico impuesto no ha podido o no ha querido satisfacer. De esta forma, en dicho mercado una persona puede «resolver» la necesidad de un artículo popular o de un servicio no disponible o de difícil obtención a través del mercado oficial. El artículo o servicio se obtiene en el mercado negro por medio de un adecuado «contacto» (un amigo) y/o simplemente por medio de un pago apropiado.

Es importante señalar que el mercado negro ha sido frecuentemente la tabla de salvación del pueblo cubano. Sin él, el ciudadano promedio no podría sobrevivir, especialmente en la actualidad, con la dolarización. Esto es particularmente cierto con muchos consumidores que por diversas razones no acuden a las shopping (están lejos, no tienen tiempo o condiciones para ir hasta allí o no tienen dólares). Ahí viene en su auxilio el vendedor en bolsa negra, que les trae, a la puerta de su casa, el producto necesario. En el interior del país las shopping están lejanas muchas veces, lo cual hace más importante la bolsa negra. Las personas mayores son un sector importante del mercado negro, debido a la difícil movilidad (falta de transporte), las colas de las shopping y la inexistencia de productos específicos en esas tiendas dolarizadas.

Tal vez lo más significativo sea el hecho de que el mercado negro ha competido con la economía estatal de una manera sumamente eficiente y mediante dos formas: ofreciendo productos escasos o inexistentes en el mercado normado, y a precios mucho más elevados que los subsidiados por el gobierno, y ofreciendo sus productos a precios más bajos (pues son sustraídos del monopolio gubernamental) que los de las shopping, con lo cual se ha convertido en un «rentable competidor» del Estado. La explicación de cómo es esto posible sólo se obtiene con la perspectiva vivencial de esa realidad, cuyas estadísticas no aparecen en las publicaciones oficiales.

La posibilidad de esa competencia estriba en el robo tan generalizado (principalmente desde dentro) de los productos e insumos de los servicios que controla el gobierno y la participación masiva del pueblo, en forma subrepticia, en esa actividad de supervivencia que se conoce en Cuba como «resolver». Una expresión también muy generalizada, más bien jocosa en medio de la tragedia que ello encierra, es decir que «lo consiguió por medio de `Roberto'», aludiendo al robo a las entidades estatales, que son las que monopolizan la inmensa mayoría de los bienes de consumo. El pueblo «resuelve» en su forma ilegal, ante el ejemplo de los jerarcas políticos, militares o administrativos, quienes «resuelven» para sí en sus tiendas y obtienen servicios exclusivos. Como reacción lógica ante la necesidad de la sobrevivencia, la inmensa mayoría del pueblo trata de «resolver» (no se considera robo) de acuerdo con su posición ocupacional. A esto han tenido que recurrir hasta los profesionales, como los de la medicina (excluídos de la actividad por cuenta propia), que también se las arreglan para tener acceso a los deseados dólares, usando su profesión y la típica ingeniosidad del cubano. Con ello, en la práctica, se burla y desafía de una forma pasiva el control totalitario de Castro y su elite gobernante, que no tienen que sufrir la penuria por ellos generada.

El mercado negro popular es complejo y comprende desde un simple intercambio hasta complicadas transacciones económicas. El mismo cubre una significativa gama de productos comestibles y manufacturados y de materias primas para los mismos. A pesar de la represión a esta actividad, de una forma o de otra, la mayoría de la población participa en el mercado negro como comprador, vendedor o productor. Incluso, participan los funcionarios, la Seguridad del Estado, los militares y la policía, porque, como nos han afirmado algunos entrevistados: «los policías también tienen boca, también ellos comen, al igual que sus familiares».

Otras fuentes de abastecimiento del mercado negro han sido algunos productos del mercado oficial normado y los provenientes de los diplomáticos, técnicos y estudiantes extranjeros. Los primeros son productos que se obtienen a bajo precio por la cuota de la libreta de abastecimientos, que la persona no consume y los vende a mayor precio (cigarrillos, tabacos, ron y algunos comestibles). Esta es una práctica más bien interpersonal, que continúa hasta el presente. Ella puede funcionar sobre la base de un pago o por simple trueque de mercancías, práctica ésta que ha sido muy popular en la economía cubana. Los diplomáticos y otros extranjeros con acceso exclusivo a las «diplotiendas», bien surtidas de todo (antes de la dolarización), han sido una fuente importante del mercado negro. Aparentemente el personal del antiguo bloque comunista europeo y muchos africanos y latinoamericanos se han distinguido por su habilidad para hacer negocios («bisnear») con la población, aunque algunos han comprado o intercambian lo que compran en dichas tiendas con los nativos, por amistad simplemente. En este sentido ha sido paradójico observar a cubanos usando a estos extranjeros de intermediarios para obtener los frutos del país que anteriormente eran abundantes y se vendían libremente por las calles. Según informes recientes, este sector extranjero sigue operando en el mercado negro, en menor escala y con un número limitado de productos.

La economía clandestina cubana incluye no sólo la venta de artículos producidos por campesinos y la manufactura clandestina de muchos productos, sino también la provisión de servicios con bienes y materiales ilegalmente tomados de los organismos gubernamentales. Las piezas de repuesto y los servicios de reparación, que mucho escasean, son parte crucial de la misma. Se destacan en esa economía clandestina la reparación de viviendas, aparatos eléctricos y vehículos.

La apertura de ciertas ocupaciones u oficios al ejercicio privado legal de las mismas («cuentapropistas») ha contribuido a un incremento de la economía clandestina. Esto se ha visto particularmente con las actividades que requieren algún tipo de insumo o materia prima. Dado que el gobierno controla la inmensa mayoría de las mismas, normalmente no ha quedado otra alternativa a los «cuentapropistas» que recurrir a comprar «por la izquierda» los materiales que no son vendidos o están bajo rígido control del monopolio estatal.

Un tipo especial de bolsa negra, que pudiera llamarse «la bolsa negra de los funcionarios gubernamentales», se desarrolla entre funcionarios y administradores de empresas de bienes de consumo, por medio del trueque. Dado que hay gran escasez en el suministro de servicios y artículos diversos, y éstos tienen precios fijos, los que controlan su distribución en las tiendas del Estado tienen frecuentemente una situación privilegiada en el uso de sus posiciones, a fin de incrementar ilegalmente sus ingresos con la venta de los productos que controlan, o para obtener así favores recíprocos de otros funcionarios gubernamentales, o para beneficiar a sus amigos.

Los productos farmacéuticos no han escapado al ámbito de la bolsa negra. Estos provienen de las existencias de las farmacias que venden en pesos cubanos o en dólares. Con diversas artimañas por parte de los que trabajan en las mismas, los productos no se ponen a la venta, se retienen para «comercializarse» a más alto precio en la bolsa negra. Los productos pueden provenir también de las donaciones de medicamentos hechas a Cuba, que son igualmente sustraídos, de modo interno, y vendidos a mayor o menor precio que el prevalente en las farmacias dolarizadas. En este último caso, produciéndole un ahorro al consumidor.

El pueblo considera que robar al único empleador legal, el Estado, no es delito ni es moralmente incorrecto. Dado que se considera al Estado como el primer ladrón, se le aplica el apotegma de que «el que roba a un ladrón tiene cien años de perdón». Esta práctica ha alcanzado caracteres muy extendidos, a pesar de que el gobierno ha implantado medidas enérgicas para evitar que suceda, sin que hasta el presente haya podido conseguirlo. Muchos empleados sustraen de sus centros de trabajo, de múltiples e ingeniosas maneras, lo que en esos lugares se produce o vende, con la complicidad de los encargados de cuidar que esto no ocurra (ellos tienen parte en el «negocio»). Esto incluye todo tipo de materia prima, equipos y piezas para su uso personal, familiar o de amistades, o para venderlos en el mercado negro.

Otro aspecto de este mercado negro de los funcionarios gubernamentales es el que ocurre en el ámbito de las empresas del Estado. Cada una de ellas tiene un departamento de suministro, responsable de obtener todos los insumos, así como los alimentos para los comedores de los trabajadores. Para cumplir sus deberes, las personas responsables de estos departamentos de suministro recurren a métodos ilegales o no convencionales. Los responsables de estas posiciones son personas con amplias relaciones sociales y muy mañosas, a los cuales se les ha llamado «jinetes».

Una de las actividades del mercado negro que más ha proliferado en los últimos tiempos es el «desvío» de materiales de construcción de empresas estatales civiles y militares a ciudadanos que los necesitan para reparar o ampliar sus viviendas. En esta actividad suelen estar implicados tanto los administradores, jefes de almacén u otros altos empleados de la fábrica o centro suministrador de materiales de construcción, como los despachadores y camioneros.

Muchas operaciones del mercado negro en Cuba no serían ilegales de existir un sistema democrático y de libre empresa. Serían parte del libre intercambio regido por la oferta y la demanda. Desafortunadamente no ocurre así, y, por tanto, son consideradas delitos y penalizadas bajo el Código Penal Cubano. El CDR y la «policía económica» del DTI (Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior) están a cargo de su represión. Sin embargo, ¿por qué el gobierno no termina con todas las actividades del mercado negro? Se ha considerado que una de las razones para la permanencia de esta actividad ilegal es que el régimen realmente no desea impedirla del todo, ya que provee una válvula de escape a la crónica escasez de bienes de consumo, al mismo tiempo que suple las deficiencias económicas que dan lugar a esa escasez. De cualquier forma, si se quiere proceder contra alguien que se considere molesto políticamente, será fácil encontrarle un delito de tipo económico.

Por otra parte, según nuestras investigaciones, los miembros de los CDR «se hacen de la vista gorda» en cuanto a la persecución del mercado negro, del que también participan porque «todo el mundo tiene que comer». Más aún, es conocido que muchos usan la cobertura «revolucionaria» para operar con más seguridad en este tipo de actividad. Además, dado que únicamente los altos dirigentes están exentos del estricto sistema de racionamiento, aparentemente la mayoría del personal oficial de nivel intermedio también participa en el mercado negro para «resolver» la situación de sus familias.

El desarrollo tan generalizado del mercado negro en Cuba pudiera ser considerado como una manifestación de rechazo popular a la implantación de los controles económicos impuestos por el gobierno y, en última instancia, al gobierno mismo. Los cubanos de hoy actúan, en ese sentido, de forma parecida a los de la época colonial, cuando, tratando de satisfacer necesidades de consumo ante el enorme monopolio comercial establecido por España, se practicaba un amplio contrabando de bienes con países extranjeros. Con ello se burlaba y enfrentaba el monopolio del comercio establecido por la Metrópoli, inferior al que intenta ejercer el gobierno de Castro sobre el pueblo cubano, dado que entonces no estaba controlada la iniciativa privada nativa como lo está hoy.

El grado de persecución de las actividades del mercado negro ha fluctuado a través de los años, de acuerdo con la escasez y el peligro político potencial de esa actividad como medio de escapar al control totalitario. Pero, en general, el comerciante clandestino que actúa con discreción en esta economía ha sobrevivido. Por el contrario, la persona que ha alardeado de sus ingresos provenientes de estas actividades frecuentemente ha sido arrestada y enviada a presidio. Las sentencias varían, dependiendo de la importancia de la mercancía involucrada, su origen, y la circunstancia del negocio.

A partir del proceso de dolarización puesto en marcha para recaudar los dólares que recibe la población por diferentes vías, el mercado negro se ha intensificado en todas las variantes antes descritas. El mercado negro predolarización -que en ocasiones hacía pensar que en Cuba se estaba viviendo en el siglo XVII, del trueque y la piratería- es hoy un mercado capitalista primitivo subterráneo, que acumula dólares para futuras operaciones en una Cuba más liberal económicamente. Esta economía clandestina opera junto con la creciente «mafia cubana», que va tomando control del aparato económico gracias a las inversiones extranjeras y la dolarización de la economía.

Después del fracaso de la «Zafra Azucarera de los Diez Millones» en 1970, se iniciaron cambios sustanciales en la economía cubana, bajo la instancia y auspicio de los asesores soviéticos. Una de las principales dificultades que intentaron resolver fue el exceso de circulante monetario. Los precios subsidiados de los productos que la población continuaba adquiriendo por la libreta disfrazaban -oficialmente- la altísima inflación que, en la práctica, padecía el país. Esta ha sido negada por el gobierno, pero lo cierto es que en aquellos años el gran desbalance entre la masa monetaria y la disponibilidad de bienes disparó astronómicamente los precios en la indispensable bolsa negra, dada la inhabilidad del mercado racionado para proveer adecuadamente.

Fue entonces que los asesores económicos sugirieron el incremento de la disponibilidad de bienes de consumo para la población. En 1973, se estableció formalmente el denominado «mercado paralelo» ofreciendo bienes no racionados (productos «liberados») para la venta al público, a precios mucho más altos que los de los artículos racionados. El mercado paralelo comenzó ofertando productos electrodomésticos y continuó posteriormente con productos de primera necesidad, pero todos pagaderos en pesos.

Las razones fundamentales para la existencia de tal sistema de doble precio para los bienes de uso diario (como los alimentos, zapatos y ropa) eran no sólo las diferencias de ingreso imperantes, sino también otras de carácter político. La distribución y el usufructo de bienes han sido unas de las más importantes herramientas de control de la población utilizadas por el régimen.

Es de señalar que el «mercado paralelo» ya descrito no pudo eliminar ni sustituir el mercado negro, aparentemente uno de sus objetivos. Por una parte, no lo logró porque este último, en algunos casos, proveía artículos deficitarios incluso en el «mercado paralelo"; pero también porque muchas veces ofrecía productos de mejor calidad, incluyendo mercancías de origen occidental («jeans», equipos electrónicos, etcétera), es decir, muchos de aquellos productos que el Estado no producía, y a veces ni importaba, para distribuir al pueblo en general. Estos dos factores nos llevan a sugerir que mientras el actual sistema totalitario de organización de la economía cubana esté vigente, el mercado negro continuará siendo una de sus características relevantes.

En 1987 el Ministerio del Interior inauguró una variante muy singular de los «mercados paralelos», las llamadas «tiendas del oro». Estaban encaminadas a extraer de la población los pocos metales y piedras preciosas que podían tener en su poder, pero en condiciones muy desventajosas para el que los poseía. De esta forma, la persona podía llevar prendas de valor a unas casas de cambio radicadas en La Habana, Santiago de Cuba y otras importantes ciudades, donde serían tasadas. De estar de acuerdo el dueño, se le daba una forma de crédito o vale por el precio equivalente de lo tasado para comprar en las tiendas especiales a las que no tenía acceso el pueblo por no disponer de dólares.

Así, el poseedor de esos metales o piedras preciosas, en muchos casos tesoros familiares, podía adquirir ansiados productos como televisores, refrigeradores y hasta un auto. El aspecto más negativo de este nuevo proceso fue que no sólo se despojaba a las familias de preciadas prendas, sino que esto se hacía con tasas de cambio muy abusivas en favor del gobierno, aprovechando el ansia que tenía la población de poseer ciertos productos. Es por ello que el pueblo, recordando las transacciones realizadas por los conquistadores con los aborígenes, cambiando el oro de éstos por baratijas, apodó las casas de cambio para esta nueva operación como «las casas del Indio» o las «casas de Hernán Cortés». Es de notar que la prensa cubana nunca mencionó formalmente este tipo de transacción económica. Esta fiebre del oro condujo también al incremento del robo a personas y casas, incluso de las iglesias y hasta de las tumbas, en busca de metales preciosos.

Se hace necesario puntualizar que como consecuencia de la dolarización de la economía, el mercado paralelo inicial perdió su razón de existencia y se ha diluido en el nuevo mercado en dólares. Hoy por hoy, el gobierno cubano está interesado únicamente en la recaudación de divisas convertibles (dólares), y muchas de las antiguas tiendas del mercado paralelo, ahora con productos occidentales, se han convertido en las shopping, donde pueden comprar los que tengan dólares. Sólo sobrevive, al estilo del mercado paralelo de corte antiguo, el nuevo mercado agropecuario, del que se tratará más adelante.

Tras la desarticulación producida por las arbitrarias medidas totalitarias de control casi absoluto en la economía, el peso cubano perdió su valor de cambio. El dólar comenzó a adquirir un nuevo valor, del que carecía antes del triunfo revolucionario. La posesión de esta moneda era penalizada severamente, pero a pesar de ello, la misma se fue convirtiendo en moneda extraoficial en vista de la desvalorización del peso. Con la caída del bloque soviético, la desaparición de los subsidios del mismo y el gran fracaso en la vital industria azucarera, el gobierno de Castro incrementó el turismo extranjero como una fuente de adquisición de esa moneda fuerte. Del mismo modo, decidió explotar al máximo los fuertes lazos de solidaridad familiar materializados con las remesas de dólares enviadas por cubanos residentes en el exilio. De esta forma, el 26 de julio de 1993 se anunció la despenalización de la tenencia del dólar y se hizo decreto el 13 de agosto de ese año. Se abren así las puertas del país a las remesas del exilio. Esto podría llegar a ser la principal fuente de esa divisa para la isla, a juzgar por algunos estimados de la magnitud de las remesas enviadas desde el exterior.

Como complemento de la dolarización se comenzaron a habilitar, a través del país, tiendas generalmente bien montadas y atendidas al estilo norteamericano, que venden productos utilizando esa moneda. Dichas tiendas, oficialmente Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD), han sido denominadas por el pueblo las «chopin» (shopping). En ellas se puede comprar desde comestibles hasta productos manufacturados como ropa y calzado, incluyendo electrodomésticos, a precios comparativamente más altos que los existentes en los Estados Unidos. Esta situación disparó la situación inflacionaria a niveles increíbles, creando una enorme desigualdad entre los que tienen acceso a los dólares y los que no lo tienen, y con consecuencias socio-económico-políticas que todavía están por evaluarse.

Por otra parte, se comenzó a penalizar severamente (con altísimos impuestos de hasta el 100 % del precio) la entrada de determinados artículos manufacturados, principalmente electrodomésticos, provenientes de familiares en el exterior, con el objeto de forzar la compra de los mismos en las shopping. Con ello el gobierno recauda masivamente el ansiado dólar.

Otra forma del gobierno de Castro para obtener dólares ha tenido lugar con respecto a las donaciones a Cuba. Hay evidencias de que donaciones hechas al pueblo de Cuba por otros países han ido a parar a las shopping para ser vendidas en dólares, o en moneda nacional dentro del mercado racionado. En algunos casos, las autoridades cubanas no se han tomado el trabajo de remover las etiquetas ni tapar las inscripciones que indican expresamente el origen de esa mercancía.

Por otra parte, es conocido que a agencias humanitarias como Cáritas, de la Iglesia Católica, se les ha impedido la importación de donativos de productos alimenticios, como leche en polvo, para distribuir gratuitamente. Con ello se ha forzado a dicha agencia a hacer sus compras, en dólares, en las distribuidoras gubernamentales. Esto ha tenido el agravante de que también se ha forzado a Cáritas a comprar, a precio de minorista, en vez de mayorista, los productos alimenticios que ellos distribuyen de manera gratuita a los más necesitados, como son los ancianos.

La implicación de las TRD se comprende mejor cuando se sabe que de modo creciente el mercado «normado» o racionado vende menos productos de primera necesidad que los señalados en la cuota oficial. Estos, sin embargo, se encuentran de modo abundante en las shopping. Tal es el caso del aceite de cocinar. Es de notar que es posible comprar en las shopping, utilizando los pesos convertibles cubanos, también llamados «chavitos» por el pueblo. Estos son equivalentes a dólares, pero se adquieren con pesos cubanos (a una tasa de cambio actual de entre 23 y 25 pesos cubanos por un «peso convertible»). Los «pesos convertibles» se pueden comprar legalmente en las CADECA (Casas de Cambio) que existen también en todas las provincias. Estos pesos sólo son redimibles en dichas tiendas y, aunque ayudan a la adquisición de bienes, con ello entronizan la gigantesca situación inflacionaria implícita en esta doble economía tan sui géneris.

Con la dolarización, la distancia entre lo que se recibe como ingreso salarial y lo que puede comprarse se ha hecho enorme, teniendo en cuenta el desabastecimiento del mercado normado. Si consideramos como válida la cifra oficial del salario promedio en 200 pesos cubanos mensuales, y suponemos un núcleo familiar con dos ingresos por esa cantidad, el total de 400 pesos sería el equivalente de 18 dólares (al cambio de compra del consumidor de 22 pesos por USD). De acuerdo con los precios (septiembre de 1998) en las shopping, ese ingreso alcanzaría para comprar los siguientes productos, en falta regular o no disponibles en el mercado normado o el agropecuario: un kg de picadillo de carne de res de primera (USD $8.50), un litro de aceite (USD $2.50), un pomo de puré de tomate (USD $1.80), un tubo de pasta de dientes (USD $2.10), un jabón de baño (USD $0.35) y uno de lavar (USD $0.40) y le sobran menos de tres dólares para cubrir el resto de las otras necesidades no satisfechas por el mercado normado ni los agromercados, que venden en pesos a altos precios (Ver Tabla 1). Las familias tienen que volverse muy ingeniosas ante esta situación. Pocas familias tienen menos de dos asalariados entre sus miembros para enfrentar esta realidad económica. Debe señalarse que en el mercado negro de los productos que se venden en las shopping, los precios suelen ser más bajos, obviamente por el robo desde dentro de dichas tiendas, lo cual facilita la sobrevivencia del pueblo.

La clave de la subsistencia del pueblo radica mayormente en incrementar los ingresos por el involucramiento en actividades de la economía clandestina, vendiendo algo («el bisneo»), casi siempre basado, de alguna forma, en el robo desde dentro, a las entidades oficiales; otros realizan algún trabajo adicional por cuenta propia (legal o mayormente ilegal) haciendo trabajos de reparaciones para familiares y amigos, o fabricando productos o comestibles de diverso tipo, la mayoría de ellos con herramientas y/o materiales sustraídos al monopolio gubernamental u oficial.

Es evidente el deseo del gobierno cubano de dolarizar toda la economía. Esto se manifiesta en otras dimensiones del consumo y del servicio. Los productos farmacéuticos han ido pasando a este tipo de mercado. De esta manera muchos medicamentos que no se encuentran disponibles en las farmacias que venden en pesos cubanos, lo están en las que venden en dólares. Este deseo de dolarización se hace más señalado con los trámites migratorios. Las principales embajadas o misiones diplomáticas de los países a los que viajará el cubano, como la norteamericana, cobran todos sus trámites en pesos cubanos, mientras que Inmigración de Cuba y las instancias que se relacionan con documentos que se tramitan cuando se va a emigrar cobran en dólares -como el departamento de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y las dependencias que expiden certificados de antecedentes penales- y a altos precios. Otro renglón en proceso de dolarización según nos reportan, es el de las librerías, aprovechando la gran afición de la población por la lectura.

Con la dolarización de la economía se puede decir que el Estado se ha ido desentendiendo de los sectores más desposeídos (la mayoría), que no tienen acceso a esa moneda. Se ha dejado en manos de la población el medio de «resolver» la adquisición de esta divisa. Por otra parte, se ha instrumentado una intensa campaña propagandística de desinformación, publicándose oficialmente «que casi la mitad de la población tiene acceso a los dólares, como resultado de la nueva política monetaria» y que «alrededor de 1,400,000 de los 4 millones de personas empleadas en Cuba reciben al menos una parte de su salario en dólares», como incentivo.

LOS «CUENTAPROPISTAS»

A mediados de 1980 el gobierno estableció el «mercado libre campesino» (mlc). En él, a los todavía existentes pequeños campesinos independientes, se les permitía vender el remanente de su producción, después de haber vendido al gobierno la cuota establecida para cada uno. La venta de carne, leche, café, cacao y tabaco estaba prohibida en estos mercados.

En los mlc los precios de los productos agrícolas eran mucho más altos que en el sistema regular de racionamiento. Pero, de esta manera, se podían comprar los alimentos necesarios para suplementar la pequeña cuota oficial, sin riesgo de ser encarcelado (acusado de un «delito económico») por participar en el mercado negro.

Estos mercados generaron un sector de intermediarios, especialmente en La Habana, quienes compraban a los campesinos en el campo y revendían en las áreas urbanas, cumpliendo así una función vital, ya que no era práctico para los agricultores ir a las áreas urbanas y vender directamente. Dichos intermediarios derivaban grandes ganancias, lo cual inquietó enormemente a la elite gobernante. Es por esto que dichos mercados fueron eliminados como parte del denominado «proceso de rectificación de errores», que tomó fuerza en 1986.

Desde entonces, los pequeños agricultores han debido entregar toda su producción a los «centros de acopio» estatales, a precios fijados por ese organismo, con excepción de la parte que utilizan para el autoconsumo de su núcleo familiar, de la que, subrepticiamente, venden en bolsa negra.

El mlc -como todo lo que pretende escapar al control del Estado, según las lapidarias palabras de Fidel Castro en 1997, actuando cual dueño del país, durante la última sesión de ese año de la Asamblea Nacional del Poder Popular- «no se permitirá jamás». Sólo se mantendría un mercado paralelo de productos agropecuarios muy controlado por el Estado, lo demás sería ilegal, y, por ende, perseguido.

Una situación similar se desarrolló también con los artesanos en las ciudades, quienes, con el debido permiso («patentes» por el pago de un alto impuesto) estaban trabajando en sus oficios o habilidades y desarrollaron un creciente y cada vez más importante mercado, principalmente en la Plaza de la Catedral, en La Habana. En este caso, en vista del control monopolista de las materias primas por el Estado, se desarrolló un sistema de suministro clandestino, contrabandeado de fábricas y tiendas dirigidas por el gobierno. De nuevo comenzó a emerger un importante sector empresarial clandestino, en el que estaban envueltos muchos funcionarios gubernamentales. El hecho de que un sector independiente se estaba desarrollando y esquivaba sustancialmente el monopolio de los suministros, determinó una acción contra este pequeño sector de libre empresa. Como en ocasiones previas, un discurso de Castro (en mayo de 1982) señaló el comienzo de una campaña contra los sectores arriba mencionados, algo parecido a la Ofensiva Revolucionaria de 1968. De un día para otro, cientos de estos «empresarios» fueron arrestados, y muchos fueron encarcelados por el delito de hacer «ganancias ilícitas». Pero, con el otorgamiento de «patentes» para trabajo por cuenta propia en 1994 resurgió, y tal vez más fuerte, el artesanado.

Una importante razón para la eliminación del anterior pequeño sector privado de artesanos parece haber sido la difícil posición en la que este sector ponía al Estado con respecto al consumidor. El consumidor cubano había empezado a preguntarse: ¿Cómo es posible que unos pocos hombres ingeniosos, con productos desechables y con trabas estatales para la adquisición de las materias primas, se las estén ingeniando para producir todo aquello que el Estado socialista no produce ni en cantidad ni en calidad suficientes para resolver nuestras necesidades? A mediano plazo, esto podía haber originado una mayor aceptación, por parte de la opinión pública, de la iniciativa privada, como un medio de resolver problemas sociales, creando así el ambiente político-sicológico necesario para que surgieran nuevas demandas de incrementar el papel de este sector. Consecuentemente, para la elite dirigente, celosa de su monopolio del poder político y económico, esta exitosa iniciativa privada constituía una tendencia muy peligrosa.

Reaccionando a la gran crisis popular, con visos de explosión social, manifestada en la masiva protesta popular del 5 de agosto de 1994 en La Habana, conocida como el «maleconazo», en septiembre de ese año el gobierno inauguró los llamados mercados agropecuarios estatales, los «agros», muy controlados por el gobierno. En los mismos se puso a la venta una gran cantidad de productos agrícolas, incluyendo carne de cerdo, pero no así carne de res ni mariscos. Como en el antiguo mercado libre campesino, los precios en estos nuevos mercados son varias veces más altos que los prevalentes en el mercado normado.

En contraste con los mlc, los precios en los agros tendrían una mayor influencia del sector gubernamental, estando bajo la dirección del Poder Popular. Dicha influencia tendría lugar a través de vendedores, quienes provienen, en gran proporción, de granjas estatales (cooperativas agropecuarias y unidades básicas de producción cooperativa y granjas puramente militares), como en los controles ejercidos por el gobierno en cuanto al alquiler de lugares o tarimas de venta y en los altos impuestos sobre las ventas, más elevados que los del mlc. Es por ello que muchos campesinos independientes se han retirado o han rehusado participar en este nuevo tipo de mercado controlado, y prefieren vender completamente por su cuenta, afrontando los altos riesgos que ello implica. De cualquier manera, el consumidor tiene que sufrir el impacto, en su magro presupuesto, del elevado precio de estos mercados, que funcionan principalmente en moneda nacional, como se detalla en la Tabla 1.

Con el proceso de dolarización, y como paliativo al creciente desempleo y a la crisis popular arriba mencionada, el gobierno cubano se vio obligado a revivir, en diciembre de 1994, el antiguo trabajo artesanal privado, a través de la autorización parcial del trabajo por cuenta propia. En virtud de esta regulación se legalizó una gran variedad de trabajos privados, a cuyos ejecutores popularmente se les ha llamado «cuentapropistas». A una gama de oficios que ya venían operando de modo clandestino se le dio la opción de operar dentro de la ley por medio de la adquisición de una «patente». Esta excluye a profesionales universitarios que no pueden ejercer sus carreras de modo privado. Las patentes sólo eran factibles para una cantidad de oficios y servicios personales cuya práctica privada nunca pudo suprimirse al querer hacerlos empleados gubernamentales, tras la ofensiva revolucionaria de 1968. Estas ocupaciones venían llenando una muy sentida necesidad de la población consumidora, que el sistema gubernamental no satisfacía.

Es de notar que ha quedado prohibida la práctica privada de las ocupaciones relacionadas con la educación y la salud, y todas las carreras universitarias, las cuales el régimen se empeña en preservar como monopolio estatal. Más recientemente se ha procedido contra los cuentapropistas, ante su gran proliferación y éxito, incrementándoles sustancialmente los impuestos y haciéndoles justificar la procedencia de sus suministros que, inevitablemente, provienen en gran medida de la economía clandestina. Debido a este cúmulo de obstáculos no es de extrañar que una cuarta parte de los que habían solicitado «patentes» inicialmente las hayan cancelado, retirándose de la actividad o volviendo a la economía clandestina.

Entre los cuentapropistas más destacados se encuentran los operadores de los llamados paladares. Estos pequeños restaurantes situados en casas particulares de las ciudades más importantes -llamados así popularmente a propósito de una telenovela brasileña en la que se enaltecen la iniciativa privada, el trabajo y el éxito económico con restaurantes que usaban ese nombre. Los paladares, frecuentados tanto por extranjeros como por nacionales, tuvieron gran éxito a pesar de las trabas gubernamentales, como la de prohibir que tuvieran más de 12 asientos, la de no poder emplear más que a familiares y la de los crecientes impuestos. Han brindado un excelente servicio, superior al de los restaurantes gubernamentales, y hasta por un precio más bajo.

Como en ocasiones anteriores, dicho éxito despertó el resentimiento totalitario y se arreció el hostigamiento a esta actividad privada. Un punto de contención ha sido también el origen de la materia prima utilizada, exigiéndose la justificación de su procedencia. Muchos paladares han tenido que cerrar o se han tornado clandestinos. Es interesante destacar que han surgido paladares de personas de procedencia gubernamental, las cuales han visto en ello una buena oportunidad comercial. Estos, aparentemente, no son hostigados como lo son los de origen popular. Como respuesta popular a la ofensiva gubernamental exigiéndoles a los dueños de los paladares la presentación de recibos de compra de los insumos que utilizan, ha surgido un mercado negro de dichos comprobantes. Esta ofensiva ha determinado, según informes de fines de 1998, que en la ciudad de Santiago de Cuba los paladares hayan sido prácticamente eliminados.

De manera semejante, pero casi siempre sin permiso legal, han proliferado expendios pequeños o los llamados «timbiriches», remedos de cafeterías, muchas veces a las puertas de las casas o en los dinteles de las ventanas, que expenden refrescos o pan con algo. También, de manera subrepticia, algún producto «se coloca al descuido» al lado de la persona que lo vende, de modo que si pasa un policía o funcionario gubernamental, el «vendedor» no esté claramente comprometido.

En un país en crisis económica debido a un estatismo irracional, con una población reprimida y maniatada, cualquier iniciativa privada triunfa ante el anquilosamiento del sistema. Pero ese sistema tiene todavía facultades para ahogar cualquier «exceso» de libertad. Así, la abusiva nueva ley de impuestos sobre el trabajo privado y las multas tratan de aplastar cualquier florecimiento de esta pequeña empresa.

Mientras en Cuba se mantenga el monopolio estatal sobre la propiedad, cualquier iniciativa individual está sujeta a las arbitrarias decisiones del Estado, que moldea su partidario aparato jurídico de acuerdo con su conveniencia. Así sucedió con «los macetas», que fueron a la cárcel; con los artesanos de la Catedral; con los intermediarios del mercado libre campesino; y ahora pasa con los cuentapropistas, hostigados con inspecciones minuciosas sobre el origen de la materia prima y los grandes impuestos.

El estado de la vivienda es un indicador fundamental de las condiciones de vida de un pueblo. En Cuba, es extremadamente inadecuado y con muy pobres perspectivas de mejoría en los años venideros.

El período de espera para tener acceso a un apartamento, a no ser que la familia tenga una influencia política sustancial, es de varios años, y es muy probable que no pueda resolverlo nunca. En Cuba, el universalmente conocido concepto de compra-venta de inmuebles no existe para el nativo. Sin embargo, un extranjero que desee comprar un inmueble lo puede hacer; y, de hecho, esa ventaja es frecuentemente utilizada por algunas jóvenes cubanas que se casan con extranjero y no emigran, se quedan a vivir en Cuba en una residencia que le adquirió su cónyuge. Es sólo el Estado el que puede comprar y vender casas. La única forma legal de cambiar de vivienda, siendo titular de una, es la «permuta», mecanismo que sirve para, de manera solapada, hacer transacciones de compra-venta.

Una de las causas de la crisis habitacional cubana es el inadecuado nivel de construcción según el crecimiento poblacional. Ello se debe, mayormente, al control del proceso de construcción por parte del gobierno. Cuba tiene el mayor déficit de viviendas del hemisferio. Se estima que en La Habana, donde vive el 20 % de la población del país, el 70 % de las casas o edificios están necesitando reparación urgente; y de 550,000 viviendas, el 21 % aproximadamente se consideran inhabitables, dado su estado de deterioro.

La calidad de las nuevas casas construidas se puede categorizar como de «antigüedad instantánea». Las paredes y los cielos rasos se agrietan, y las instalaciones sanitarias dejan frecuentemente de funcionar, incluso antes que el nuevo apartamento sea ocupado. Una pobre terminación es característica típica de las nuevas construcciones. Ello se debe no al mal diseño, sino a la mala utilización y la pobre calidad de los materiales.

Los funcionarios del régimen que usualmente sirven de guías a los visitantes extranjeros en Cuba procuran, sin embargo, que éstos vean lo que el Partido desea que vean. Típicamente visitan algunas áreas de La Habana bien mantenidas, lugares históricos, algunas playas, escuelas, hospitales y fábricas seleccionados y algunas cooperativas y granjas estatales modelo. Pero fuera de la senda escogida por el gobierno, la situación es diferente. Allí están los barrios donde los que viven mayoritariamente son obreros, en condiciones de gran penuria habitacional.

Debido a la escasez de casas y apartamentos, la promiscuidad ha aumentado grandemente en las viviendas. Con frecuencia, las familias son forzadas a ocupar una sola habitación. Muchas parejas divorciadas tienen que continuar habitando en la misma vivienda, aun cuando ellos vuelven a casarse, subdividiendo la ya restringida unidad habitacional.

Las parejas de jóvenes casados son las que más han sufrido el déficit de viviendas. En la mayoría de los casos, los recién casados tienen que residir «agregados» en la casa de uno de sus padres. O, aún peor, en casos extremos, si están ya atestadas las casas de ambas familias, tendrán que continuar residiendo separadamente, cada cual con su respectiva familia. Esta estrechez ha dado lugar al inusitado fenómeno de que para poder tener un poco de intimidad sexual se tenga que recurrir a las «posadas«(nidos de amor o casas de cita), regenteadas por el gobierno. En muchos casos tienen que hacer cola, en público, con lo que esto representa de degradación personal, para, al fin, conseguir una habitación que probablemente carecerá hasta de agua.

El gran déficit de viviendas en Cuba ha traído como resultado el singular fenómeno del «crecimiento de las casas hacia adentro», particularmente en La Habana. Ello ocurre en casas que tienen un puntal o techo alto. Este espacio a veces se ha dividido y se ha construido una especie de mezzanine o barbacoa, como se le llama en Cuba. Estas adiciones son ilegales en muchos casos, ya que el Poder Popular por lo general no las autoriza. Pero de esta forma, la familia «resuelve» la situación de un hijo o hija que se casa y no tiene acceso a un apartamento propio. Obviamente, estas adiciones incrementan la densidad habitacional en las viviendas (número de personas por hogar) y como tal, aumentan la posibilidad de conflictos familiares y sociales.

El problema del déficit habitacional se agudiza porque el gobierno no ha permitido a los inquilinos cubanos dar un mantenimiento adecuado a sus viviendas. El proceso de reparación y mantenimiento es largo y complicado, lleno de burocratismo e ineficiencia. Todos los suministros requeridos están bajo control gubernamental. Así, un significativo deterioro y la eventual destrucción de casas y edificios son muy frecuentes. Los derrumbes o desplomes de casas y edificios ocurren de modo regular, especialmente en época de lluvias, lo cual deja una secuela de personas sin vivienda y escombros en las calles. Esto es muy significativo en La Habana Vieja. Mientras tanto, el gobierno ha usado en gran medida los materiales de construcción para fabricar túneles militares y hasta para la exportación.

Las circunstancias arriba descritas han determinado que Cuba -aunque no es reconocido por sus gobernantes actuales- no sea la excepción con respecto a la presencia de barrios marginales, «cinturones o focos de miseria» en sus centros urbanos mayores, típico de otras naciones en desarrollo. Como en esos países, muchos de los moradores de esos barrios marginales también son el producto de la migración rural-urbana, un serio problema hoy en La Habana. Pero en Cuba, en las «villas miseria», también habitan antiguos residentes de casas que se han derrumbado debido al deterioro y la falta de reparación. Es contrastante y chocante, por otra parte, el esfuerzo de renovación del casco histórico de La Habana, en La Habana Vieja, particularmente para beneficio de los turistas. Con fondos de la UNESCO y del gobierno español se han venido restaurando edificaciones coloniales en esta parte de la ciudad, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad.

La crisis de vivienda que sufre el pueblo cubano no está confinada a encontrar un techo ni a cómo ni con qué repararlo. La energía y el suministro de agua son otros aspectos de esa crisis. Los apagones han sido parte de la vida diaria, dependiendo naturalmente de dónde uno resida. Hay lugares en los que nunca falta la electricidad, generalmente asociados con importantes instalaciones gubernamentales o lugares turísticos. El carbón, el gas y el keroseno (conocido como luz brillante) para cocinar o para calentar algo también escasean. Se ha tenido que recurrir a la leña para cocinar, quemando cuanta madera pueda usarse.

Una de las formas más ingeniosas para ayudar a resolver el problema de los apagones ha sido la adaptación de generadores de electricidad, los que pueden ser un conjunto de baterías de algún vehículo automotor, desde luego obtenidas clandestinamente. Así se consigue no sólo tener alguna luz, sino también poder seguir la muy popular telenovela de turno en la noche. En casas que bordean áreas donde no se va la luz, debido a alguna instalación turística o de otro tipo, se ha desarrollado un sistema de «tendederas» o puentes eléctricos brindando ese fluido al no afortunado por medio, en muchos casos, de algún tipo de compensación. De forma improvisada y menos refinada se ha extendido el uso del antiguo candil de los campos, utilizando pomos vacíos de boca ancha y algo que, como mecha, queme el keroseno, lo cual genera gran humareda.

Nuestra encuesta de 1989 arrojó que las cocinas de keroseno han alcanzado un alto grado de popularidad debido a la dificultad para obtener las que son a gas o eléctricas. Las cocinas de keroseno de la marca «Pike», de manufactura cubana, tienen una construcción muy deficiente. Las mismas funcionan por gravedad; y sus conexiones para llevar el combustible al quemador son muy frágiles, por lo que se desprenden con relativa facilidad. Esto ha provocado muchísimos incendios y quemaduras entre la población.

La situación del servicio telefónico es muy inferior a la existente antes de 1959. Los equipos públicos son viejos en las casas privadas; prácticamente no se instala un nuevo servicio telefónico, a menos que el residente tenga una posición de alto nivel en el gobierno o esté relacionado con un funcionario importante del Partido. Existen, por otra parte, los conocidos «teléfonos 33» (por sus dígitos iniciales) que se pagan en dólares y los tienen las firmas y representaciones extranjeras, las corporaciones cubano-extranjeras y aquellos particulares que los puedan abonar por tener familiares en el exterior que se responsabilizan con ese pago. Su servicio es de buena calidad. Por «un 33» se puede tener acceso al satélite y hacer llamadas internacionales, al igual que en los demás países. Una llamada internacional desde otro número en Cuba se tiene que hacer a pagar en el número de destino, operadora mediante.

La escasez de agua no es nueva para La Habana y otras ciudades cubanas. Pero, a pesar de casi 40 años en el poder, el régimen de Castro no sólo no la ha resuelto, sino que se ha empeorado muy notablemente. «Hay algunos barrios en Cuba que, cuando yo salí, habían estado por más de diez años sin un suministro diario de agua», expresó un ex funcionario del Ministerio de Salud Pública entrevistado. Esto trae como resultado enormes dificultades para la población. Es frecuente que el citadino, en especial el habanero, tenga que acarrear el agua a su casa, a veces subiendo varios pisos. Pero, lo que es peor es el estado de las tuberías del sistema de suministro de agua, que se ha deteriorado y destruido en muchos lugares, así como el de las tuberías de las aguas albañales. Para agravar más aún la situación, debe señalarse, de acuerdo con algunos observadores, que en ciertas áreas, el manto freático de La Habana se ha contaminado como resultado de tuberías de albañales rotas. Sólo el 55 % de las viviendas de Ciudad de La Habana recibían en 1995 agua potable directa.

Otra grave cuestión que afecta la situación habitacional tiene que ver con la recogida de la basura. Esto se ha vuelto un problema crítico en las ciudades, y especialmente en La Habana, con su alta densidad de población. Existe una absoluta falta de periodicidad en este esencial servicio. El gobierno ha tratado de afrontar el problema con el uso, por área, de grandes contenedores de basura comunitarios, pero la situación no ha mejorado por la falta de recogida de los mismos. La inconveniencia debido a la fetidez despedida por los contenedores, o simplemente por la acumulación en las calles de los desperdicios, y el peligro sanitario que esto representa son enormes. Ello se agrava con la gran abundancia de ratas y perros callejeros que aún quedan, que aprovechan esta situación.

La situación del transporte en general ha sufrido un constante deterioro desde principios de los años 60. Parece un viaje al pasado el ver carros de los años 40 y 50, de fabricación norteamericana, todavía rodando por las calles de Cuba, en número notable. Ello también constituye un tributo a la ingeniosidad e inventiva del mecánico cubano. Sin duda, los dueños de esos vehículos han desplegado gran habilidad «inventando» piezas de repuesto de mil maneras. En los ómnibus de servicio público, el no recibir un adecuado mantenimiento combinado con la no fabricación ni la importación de los mismos ha producido otra gran crisis nacional en este vital sector.

Es por ello que para el ciudadano corriente en Cuba, el transportarse ha sido una real pesadilla. El trabajador cubano de las ciudades mayores y, especialmente en La Habana, habrá de despertarse mucho más temprano de lo que habitualmente lo hacía antes de 1959, para tomar con tiempo el ómnibus que lo llevará a su centro laboral, debido a la insuficiencia de éstos para transportar masivamente a la población en las horas pico. Por la misma razón regresará más tarde a su hogar -después de la jornada de trabajo- disminuyendo de esta forma el tiempo que podría dedicar al descanso o al esparcimiento. Es de notar que en Cuba sólo una minoría pequeña posee hoy día automóviles. Debe señalarse que, al igual que con la vivienda, la población no puede en la actualidad comprar ni vender carros nuevos sin autorización gubernamental.

Con el llamado período especial, el transporte ha sufrido, particularmente y, por ende, la población. Una de las medidas implementadas por el gobierno ha sido la importación y luego la construcción masiva de bicicletas. El pueblo adoptó con resignación dicho medio de transporte. Este, a su vez, ha generado un sector de servicios al mismo, mayormente privado y clandestino, ya que ante tanta precariedad del sistema de ómnibus, se le ha dado un uso enorme a la bicicleta. Según informes recientes, muchos hombres han sufrido consecuencias físicas negativas debido al enorme uso de la bicicleta, combinado con la mala alimentación.

Es muy común ver dos o más personas viajando en una misma bicicleta, o llevando diversas cargas. La ingeniosidad criolla ha desarrollado los triciclos llamados «bicitaxi», con capacidad para dos pasajeros, que se emplean para transportar turistas fundamentalmente. Una consecuencia de este uso y abuso de la bicicleta, aparejada a la baja calidad de las mismas, ha sido la frecuencia de los accidentes. Paradójicamente son también notables los accidentes automovilísticos (a pesar de los pocos carros que circulan), y hasta de ferrocarril. Todos parecen causados por la falta de mantenimiento a los vehículos, así como por el abuso del alcohol.

Otra variante del transporte público ha sido la incorporación del camión, del caballo y del «camello». La primera ha consistido en el uso y habilitación de camiones, popularmente conocidos por «guacamiones», donde por lo regular se viaja de pie, manteniendo el equilibrio con mucha dificultad. Puede que tengan instalados unos techos improvisados y bancos de madera, pero los viajeros básicamente están a expensas de las inclemencias del tiempo. Estos camiones son mayormente de propiedad privada, y se mantienen en buenas condiciones gracias a la iniciativa e ingeniosidad individuales. Estos camiones privados pueden ser utilizados para transporte interciudades, debido a la carencia de ómnibus regulares para este servicio; y pagan un fuerte impuesto. Existe un personal especialmente preparado: «los amarillos», para viabilizar, en las calles o carreteras, la subida de pasajeros a los medios de transporte estatales que circulen por allí.

El caballo, sólo utilizado antes de 1959 en el campo, se incorporó masivamente como medio de transporte a partir del período especial, en las ciudades del interior del país. Se han utilizado allí extensamente uno o dos animales para halar carretones -que se emplean para transporte público- cargados de pasajeros o carga. Esto ha convertido al noble animal en codiciada posesión, a menudo robado y sacrificado para utilizarlo como alimento humano.

El «camello» es un ómnibus utilizado sólo en La Habana, llamado así por la forma de dromedario que tiene (con dos prominencias); consiste en un camión rastra («cuña») al cual se le ha adicionado una carrocería. Puede llevar hasta 300 personas (la mayoría parados), y carece de los mínimos niveles de confort presentes en los medios de transporte masivo del mundo occidental, como aire acondicionado. En La Habana es cotidiano observar los ómnibus repletos, las «colas» en las «paradas» y el enojo de la población si la «guagua» no se detiene en el lugar establecido.

No sólo existen grandes dificultades con los ómnibus locales o urbanos, también ocurren con los intermunicipales y los interprovinciales. En los años de la década del 60 y parte de la de los 70, era normal que en las terminales de estos últimos se produjesen largas colas y extensas listas de espera. No era raro entonces que una persona que no tuviera su asiento reservado tuviera que pasar largas horas -y a veces más de un día- para poder ocupar un asiento en el ómnibus que la llevaría a otra provincia. En la actualidad, dado lo escandalosas que resultaban las colas en las terminales regulares, a la vista de los extranjeros, se han buscado en las ciudades ciertos lugares, apartados de las terminales de ómnibus, donde se hacen las largas colas de lista de espera para este servicio. Además, la salida atrasada de los ómnibus por problemas técnicos, o a veces de indisciplina laboral, origina altas congestiones de viajeros que se suman a los que aguardan el fallo de una reservación para poder viajar. Algo semejante ocurre en los aeropuertos para los vuelos nacionales.

La crisis del transporte en Cuba alcanza a los taxis, cuya gran mayoría es propiedad del Estado. Muchos llaman a los taxis «los inalcanzables», porque muchas veces no se detienen ante la señal del aspirante a viajar en ellos. A partir de la dolarización, es frecuente contemplar los «turistaxi», que circulan vacíos frente a la resignación de los cubanos, que aguardan en las paradas de ómnibus, pues no pueden pagar en dólares el precio que tendría su viaje en taxi. Por otra parte, se ha desatado una tremenda cacería por parte del Estado contra aquellos que burlan el alto impuesto a los taxistas particulares autorizados y a los clandestinos. Se ha establecido, por ley, una figura delictiva denominada «uso ilegal de un vehículo particular», sancionada con grandes multas y hasta con la confiscación del carro.

El servicio de transporte público por ferrocarril y el aéreo también afrontan grandes dificultades en la Cuba de hoy. La suspensión de viajes, las demoras en horarios de salida y llegada, ocurren prácticamente a diario, como informa la propia prensa oficial.

A lo largo de este capítulo, hemos analizado el impacto en el cubano, como consumidor, del control totalitario del país por el régimen de Castro. El deficiente desarrollo de la economía cubana en estas cuatro décadas ha repetido las fallas económicas de la mayoría de los países comunistas, amplificadas por el papel negativo ejercido sobre ella por el personalismo absolutista y las arbitrariedades de Fidel Castro en los proyectos económicos. Por otra parte, una significativa porción de los recursos económicos de Cuba que podían haber sido utilizados para promover su propio desarrollo ha sido usada en gastos de seguridad y militares, así como en la promoción de la subversión en el extranjero, las guerras, especialmente en Africa y América Latina, y el espionaje.

Es oportuno destacar la importancia de la administración autocrática de la economía cubana por parte de Castro. Si la política económica adoptada en Cuba en los pasados cuarenta años hubiese sido el resultado de un análisis profundo por técnicos y economistas de alto nivel, probablemente hubiera sido menos errónea. Pero, como han señalado varios analistas de la situación cubana, Castro cree ser también un experto en todos los campos -un experto economista, un experto agrónomo, un experto en crianza de animales, en medicina y en asuntos industriales. El cree que puede llevar a la economía lo que le dio resultado en la insurrección. Como nos decía uno de nuestros entrevistados:

La economía no es una lucha guerrillera, y al final alguien ha tenido que pagar por la mala administración del liderazgo cubano, el costo de mantenerse ellos mismos en el poder y exportar al extranjero sus actividades subversivas. Dos entidades han estado pagando por ello: (a) la Unión Soviética, que estuvo subvencionando masivamente al gobierno de Castro a cambio de servicios políticos y militares; y (b) el pueblo cubano, que en cuarenta años ha visto retroceder de manera significativa su nivel de vida, debido, en gran parte, a las absurdas y absolutistas medidas de control económico.

La más reciente medida del gobierno de Castro, la dolarización de la economía, introducida tras el fin del subsidio económico soviético, ha servido para exacerbar la crisis del cubano como consumidor. Ha hecho mucho más difícil la sobrevivencia para quienes no tienen acceso a esa moneda, llevada a Cuba por el turismo y otras inversiones extranjeras, fuertemente promovidas por el gobierno; y por las remesas enviadas desde el extranjero a familiares. La dolarización y los nuevos mercados agropecuarios han generado una enorme y abusiva situación inflacionaria impuesta por el sistema y particularmente dañina a los sectores más desvalidos de la sociedad, como los ancianos. Esto, aparejado al enorme bloqueo de la iniciativa privada del nativo, ha provocado que prácticamente todos tengan que estar en la ilegalidad de la economía clandestina para sobrevivir.

Entre los costos sociales, de consecuencias impredecibles, que tiene la crisis del cubano como consumidor se halla el agravamiento de la crisis moral del pueblo. Este tiene que vivir un doble estándar, usando la simulación, la mentira y el robo para sobrevivir. El ejemplo más reciente de ello es el fenómeno del «jineterismo» (prostitución), primariamente vinculado al interés y la necesidad de paliar la crisis material que se vive hoy en Cuba. De hecho, una joven, o un joven, se envuelve en ese mundo prostituido para obtener bienes materiales o los codiciados dólares, y, en un más elevado anhelo, la posibilidad de casarse con un extranjero para salir del país. Vale mencionar, aunque se produce en menor escala, la proliferación de la mendicidad, con niños que suelen asediar a los turistas extranjeros pidiéndoles el ansiado dólar o algún obsequio. Para muchos de ellos el mayor anhelo es también salir de Cuba.

A pesar de las continuas promesas de un «futuro mejor» emitidas por Castro desde 1959, las condiciones de vida del cubano promedio, en particular las del que no tiene acceso al dólar, están peor que nunca. En varios aspectos se ha descendido a niveles comparables o inferiores a los del siglo pasado. La mayoría parece no creer ya en esas promesas. Como nos contaba una persona de arribo reciente de Cuba, cuando allá un amigo le preguntó cómo la estaba pasando en ese momento, ripostó: «¡Mejor que mañana!»

Puede afirmarse, por otra parte, que ante su enorme constreñimiento económico como consumidor, el pueblo cubano se encuentra buscando la sobrevivencia, enfrascado en una sorda batalla, tal vez inconsciente, con el régimen de Castro. Este, aunque se autoproclamó socialista, se empeña en oprimir económicamente al pueblo -en aras de un absoluto control de la economía y en medio de un áspero capitalismo de Estado- y ve con pavor cualquier actividad que conspire contra su enorme monopolio político. Ese monopolio, traducido al ámbito económico, ha implicado una enorme falta de respeto hacia el pueblo como productor, cuya función se halla altamente bloqueada en su talento empresarial; y como consumidor, por la forma desconsiderada en que es frecuentemente tratado en los establecimientos estatales del mercado regular. El gobierno abre y cierra la mano en lo económico o social, según las circunstancias de presión popular, a fin de evitar la explosión social. Lo cierto es que el régimen intenta manejar la isla y sus recursos cual señorío feudal; de ahí, como respuesta, la gran extensión de la economía clandestina, que toca a todos los sectores económicos y en la que participa prácticamente toda la población.

Durante sus primeros días en el poder, Castro prometió «pan con libertad para el pueblo». Hasta ahora, los cubanos han visto más y más reducido su «pan», y ausentes la mayoría de las libertades. Pero, aunque el régimen de Castro hubiese provisto suficiente «pan» para todos, no sería justificación para la dramática situación de cuarenta años de poder absoluto y represión. Como se dice: una prisión bien alimentada es todavía simplemente eso, una prisión; y, ¿quién puede sentirse feliz en una prisión?

NOTAS Y REFERENCIAS

Copyright © 1999 Juan Clark

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