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Aunque el carácter socialista de la revolución no fue oficialmente proclamado hasta abril de 1961, ciertos acontecimientos ocurridos en el sector obrero y sindical anuncian y jalonan desde mucho antes la marcha del régimen de Castro hacia el comunismo. En realidad, las relaciones de la revolución castrista con la clase trabajadora y el movimiento sindical se ajustaron durante los dos primeros años de transición a las grandes líneas de lo que la doctrina marxista-leninista enseña sobre la toma del poder político.Lenin enunció las que él llamaba leyes objetivas generales del tránsito de una revolución hacia el establecimiento de un régimen marxista.¹ Figuran primordialmente en su enunciado la necesidad de debilitar y desprestigiar al sistema capitalista de producción, la alianza de la clase obrera con la masa campesina, la paulatina transformación socialista de la agricultura, la abolición gradual de la propiedad privada, la solidaridad de la clase obrera del país con la clase trabajadora de los demás países y el desarrollo planificado de la economía. No incluida específicamente en la lista de Lenin pero lógicamente implícita en toda estrategia dirigida a imponer la dictadura del proletariado está la captación del sector laboral por medio de halagos y beneficios.

Todas y cada una de estas leyes se observaron en Cuba entre enero de 1959 y abril de 1961, si bien su ejecución se efectuó cautelosamente y por etapas. No es posible olvidar que la lucha contra Batista fue de índole esencialmente política y dirigida a restaurar la democracia. En ningún momento la acción revolucionaria se planteó siquiera la posibilidad de establecer un sistema socialista en Cuba. Los líderes más radicales de la revolución aprovecharon el vacío institucional creado por la caída del régimen batistiano para avanzar sus objetivos pero estaban conscientes de la necesidad de actuar cuidadosamente para no alertar a los otros factores de poder que existían en la sociedad cubana. El propio Lenin había ya advertido que las leyes generales que conducen al socialismo se refractan en las particularidades de cada país, o sea, que pueden manifestarse en distintas formas concretas.² Y Castro diría ante el 1er. Congreso del PCC que los revolucionarios debieron actuar al comienzo «con astucia y flexibilidad»³

La tarea preliminar de seducir a la clase trabajadora se fue realizando de múltiples maneras:disponiendo aumentos de salarios, estimulando las reivindicaciones obreras, favoreciendo al sindicato en la solución de los conflictos laborales, reponiendo a los trabajadores despedidos en años anteriores, y prohibiendo las cesantías por razones económicas. Otros decretos del gobierno beneficiaron en general a las capas populares por medio de rebajas en el transporte, los alquileres, las tarifas eléctricas y telefónicas y el precio de las medicinas. Estas medidas ayudaron sin duda a fortalecer la popularidad del gobierno ante la población trabajadora.

Junto a los beneficios concretos vinieron las promesas de una vida mejor para la clase trabajadora y el pueblo en general. No es que el nuevo caudillo pronosticara una mayor prosperidad, es que haciendo gala de la más calenturienta imaginación aseguraba que bajo su égida el país alcanzaría fabulosos niveles de holgura y bienestar, incluyendo el logro de un nivel de vida más alto que el de los E.U. Estas promesas dejaban escépticos a una buena parte de la sociedad cubana, pero surtieron efecto en las capas más bajas de la población al parecer hechizadas por el carisma y la oratoria vehemente y agresiva del Máximo Líder.

Se tuvo además especial empeño en halagar a la clase obrera haciéndole ver que ella había desempeñado un papel protagónico en la lucha contra Batista, cosa muy distinta de la realidad, pues fueron las clases medias, los estudiantes y los profesionales los que en las ciudades llevaron el peso de esa oposición. Dado que el esquema marxista de la lucha de clases atribuía al proletariado industrial la condición de «vanguardia combativa de la revolución», era necesario exaltar la contribución de los obreros a la caída de la dictadura. Fue así que se describió con tintes heroicos la huelga general decretada el 1ro. de enero de 1959, no obstante el hecho de haber ocurrido después de la huida de Batista y tratarse de un movimiento general de la ciudadanía. Dicha huelga, al tiempo que daba una nueva oportunidad al sector laboral tenía un útil efecto catalizador. La clase obrera, diría Castro unos meses después, aportó con su huelga general revolucionaria el elemento decisivo del triunfo.⁴

El debilitamiento y desprestigio de los dueños de los medios de producción se llevó a cabo también desde los primeros meses de la revolución. En los planes de ésta era necesario desacreditar primero y privar de poder después a los patronos y sus organizaciones. Tales objetivos se lograron a través de los discursos de los líderes de la revolución y en los hechos que a ritmo precipitado se sucedían. A los patronos se les presentaba en forma más o menos abierta como explotadores y a sus organizaciones como centros de riqueza de proyección anticubana y ello a pesar de las salutaciones fervorosas que muchos habían dirigido a la revolución. Era un aspecto de la política de azuzar odios y resentimientos que se ha utilizado antes y después en otros países que han establecido o querido establecer una dictadura del proletariado. A nadie debe extrañar por consiguiente que en 1959 fueran constantes las acusaciones que se dirigían contra dueños y administradores de empresas y su subsiguiente intervención por el Ministerio del Trabajo o el recién creado Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados.

Es oportuno aclarar que los ataques al empresariado se hicieron al comienzo en forma velada, utilizando un lenguaje sibilino o acompañándolo de falsos ofrecimientos. Castro, por ejemplo, aseguró a los patronos en más de una ocasión que no debían preocuparse, que nada les pasaría siempre que pagaran salarios altos y cumplieran la legislación laboral. Ya en el mes de septiembre, sin embargo, el entonces Primer Ministro afirmaba ante el Consejo Nacional de la CTC que antes de la revolución los trabajadores eran víctimas de abusos, explotaciones y persecuciones y que ello se hacía en beneficio de los privilegiados que eran dueños de Cadillacs, mantenían las tierras improductivas y eran beneficiarios de políticas irresponsables.⁵ Mucho más explícito había sido desde antes su hermano Raúl quien en febrero de 1959 sostenía que los intereses económicos que estaban en el fondo del régimen de Batista eran más fuertes y criminales que el propio dictador Batista.⁶ Así se fue haciendo claro desde el otoño de 1959 que el objetivo de la revolución castrista era lisa y llanamente «liquidar la explotación del hombre por el hombre en el seno de la sociedad cubana».

La alianza obrerocampesina se fomentó trayendo millares de campesinos a La Habana para confraternizar con los trabajadores urbanos y exhortando a éstos a que contribuyeran con el uno por ciento de sus salarios a la Reforma Agraria. Sólo para la celebración del 26 de Julio, medio millón de trabajadores agrícolas fueron invitados a participar en los festejos de La Habana. Iguales actos de promoción tuvieron lugar el 1ro. de mayo de ese año en varias ciudades de la isla. El mensaje de esos actos se hizo bien pronto claro: «obreros, campesinos y gobierno revolucionario eran una misma cosa».⁷

Con el camino así allanado, Castro se apresuró a dictar en mayo de 1959 la Ley de Reforma Agraria, que yendo mucho más allá de la eliminación del latifundismo puso fin a la propiedad privada de todas las tierras en exceso, primero de 400 hectáreas y luego de 67 hectáreas. Junto a su homóloga, la Ley de Reforma Urbana, estas medidas anticipan la efectiva abolición de la propiedad privada que con referencia a toda clase de empresas tuvo lugar entre junio y octubre de 1960. Para esta última fecha ya el 80 por ciento de la fuerza de trabajo laboraba para el Estado.

En lo que hace a la solidaridad del obrerismo cubano con el de otros países es dable señalar que ella fue tarea prioritaria del gobierno de Castro. Bastaría leer la lista de actividades realizadas por el Comité Ejecutivo de la CTC en 1960 y 1961, las reuniones sindicales auspiciadas por el gobierno a las que se invitaron delegaciones de países socialistas, los mensajes de confraternidad que se enviaban a los líderes y obreros de esos mismos países y los esfuerzos que desde abril de 1960 se efectuaron para promover una Confederación de Trabajadores de América Latina. «El internacionalismo proletario, diría poco después Guevara, es un deber y también una necesidad revolucionaria».⁸ No en vano dicho internacionalismo se consagraría más tarde en el preámbulo de la Constitución Socialista.

Por último, la decisión del Gobierno Revolucionario de intentar un desarrollo planificado de la economía data de marzo de 1960 y encuentra su más plena realización a fines de ese año con la creación de la Junta Central de Planificación (Juceplan). Pronto empezarían a adoptarse planes quinquenales de desarrollo por el estilo de los que se elaboraban en la Unión Soviética.

Las cinco leyes previstas por Lenin para introducir la dictadura del proletariado se cumplieron así en Cuba antes del anuncio hecho por Castro el 16 de abril de 1961 con respecto a la existencia de la República Socialista de Cuba. Lo extraordinario es que fueron muchos los cubanólogos, incluso de origen cubano, que sostuvieron que Castro no era al principio comunista y que la revolución no tenía una ideología definida.⁹

No solamente se acompasó así el régimen de Castro a la teoría marxista-leninista sino que se inscribió asimismo en lo que pudiera llamarse la genealogía totalitaria de este siglo. Adepto a la lectura de la vida y obra de Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, Perón y demás, Castro sabía que todos esos regímenes tenían en común el haber hecho a la clase trabajadora la base y supuesta beneficiaria del poder político. La Unión Soviética, ya se sabe, se decía encarnar la dictadura del proletariado en camino hacia el comunismo. El partido de Hitler se llamó primero Partido Obrero Alemán y luego Partido Nacional Socialista Obrero. Italia procuró reestructurar toda la sociedad y el Estado alrededor del concepto de las corporaciones de productores que incluían en primer lugar a los sindicatos. Algo parecido hizo Franco en España con los sindicatos verticales; no hay que olvidar además que la Falange llevaba también en su nombre oficial las palabras Juntas Obreras Nacional-Sindicalistas. Castro siguió así un camino trillado en su afán de detentar todos los poderes en nombre de la clase trabajadora. El no había mostrado interés por los trabajadores antes de la revolución pero sí se había percatado bien del valor que esa clase podía tener en la realización de sus planes.

Para llevar adelante su proyecto, Castro necesitaba además controlar al movimiento sindical. Contar con las simpatías de las masas laborantes era en extremo útil pero no suficiente. Tanto desde el punto de vista instrumental como por sus implicaciones sociopolíticas, le hacía falta tener el aval del obrerismo organizado. Lo que éste representaba en 1959 era en verdad impresionante; sólidamente estructurada e investida de una larga tradición de luchas clasistas, la Confederación de Trabajadores de Cuba contaba con 33 federaciones de industria, más de 2,000 sindicatos y una afiliación de alrededor de un millón de asalariados.

La empresa parecía relativamente fácil y sin embargo fue aquí donde Castro sufrió sus más serios reveses. En las únicas elecciones libres celebradas en Cuba en 40 años (las elecciones convocadas para renovar los mandos sindicales), los líderes comunistas perdieron en todos los niveles y en el único congreso sindical libre que ha tenido lugar en esos años, Castro estuvo a punto de sufrir una humillante derrota. ¿A qué se debió ello? El Máximo Líder seguramente pensó que su gran popularidad, sus posturas revolucionarias y el hecho de haber los comunistas controlado la CTC hasta 1947, iban a inclinar la balanza en favor de estos últimos. No fue, así sin embargo, porque su ascendencia no era fácilmente transferible en ese momento dada la ambigüedad de sus propias posiciones que le obligaban a jugar las cartas del engaño y la simulación. Tampoco era favorable a los comunistas el clima político de 1959 en el que se valoraban más los méritos ganados en la lucha contra Batista y las consignas nacionalistas que los viejos antecedentes de los líderes del PSP.

En el X Congreso de la CTC, celebrado en noviembre de 1959, los comunistas representaban menos del diez por ciento de los cerca de 3,000 delegados acreditados.¹⁰ Al Gobierno Revolucionario no le quedó otro remedio en esas condiciones que propugnar un pacto entre los triunfantes grupos del 26 de Julio y los comunistas. Sus apelaciones a la unidad tropezaron, sin embargo, con la tenaz oposición de quienes presentían que lo que estaba en juego era la libertad e independencia del movimiento sindical. Lo más que pudo obtener el llamado Máximo Líder luego de una comparecencia dramática en la que armado y rodeado de guardaespaldas abogó de nuevo entre silbidos por la alianza con los comunistas, fue la elección de una candidatura aparentemente inocua en la que los más conocidos comunistas y anticomunistas quedaban fuera del Comité Ejecutivo. Predominaban en éste los elementos anodinos, pero también se incluyeron tránsfugas y oportunistas prestos a colaborar con el régimen.

Cuanto ocurrió después del X Congreso corresponde a una de las páginas más tristes de la historia del sindicalismo. Un Castro enfurecido arremetió contra cuantos sindicalistas legítimamente electos se habían opuesto al pacto con los comunistas. Utilizando procedimientos irregulares y acudiendo a veces a la coacción o a la intervención manu militari, el entonces Primer Ministro dispuso la expulsión inmediata de sus opositores en el campo sindical.¹¹ Privado de su dirigencia, el movimiento obrero resultó ser presa fácil para el régimen. En poco más de cinco meses, un sindicalismo antaño militante y a ratos insumiso se convirtió en una masa amorfa y dócil al servicio del proyecto totalitario. El día que el régimen inició el proceso de las purgas sindicales, el 15 de diciembre de 1959, terminó el período de transición que Castro unas veces llamó de liberación nacional y otras humanista. A partir de ese día ya no hubo necesidad de tapujos ni hipocresías; comunistas y criptocomunistas saltaron a la palestra y lo hicieron como ejecutores de las políticas de Castro. Sus contrarios no sólo fueron privados de sus cargos sino que muchos fueron además perseguidos y encarcelados u obligados a tomar el camino del destierro. Víctimas de la persecución cayeron no solamente los anticomunistas del 26 de Julio sino también líderes anarquistas, socialcristianos, auténticos y hasta trotskistas.

La campaña de subyugación del movimiento sindical culminó en noviembre de 1961 con la celebración del XI Congreso de la CTC. Más de 9,000 delegados convenientemente seleccionados y por ende incondicionales y sumisos dieron su respaldo a los planes de Castro eligiendo un Comité Ejecutivo enteramente comunista. Los delegados fueron escogidos en elecciones de candidatura única en la que ésta recibió el 98 por ciento de los votos; se estableció así el patrón que habría de seguirse en todas las elecciones futuras. A los que en el anterior congreso defendieron gallardamente la independencia sindical se les tildó de «traidores y descarados»; a los nuevos se les festejó y gratificó por todo lo alto y ellos, agradecidos, aprobaron por unanimidad todas las resoluciones que se sometieron a su consideración y renunciaron graciosamente a una buena parte de los derechos conquistados por el sindicalismo anterior a la revolución.

Es oportuno recordar que cuando Castro aceptó la renuncia de derechos y beneficios formalizada en el XI Congreso de la CTC, hizo una declaración que seguramente llenó de regocijo a los abnegados e ingenuos delegados. Dijo, en efecto, que si Cuba seguía el camino de la Unión Soviética el futuro era prodigioso pues según sus informaciones en 20 años, o sea en 1981, la URSS estaría produciendo el doble de la producción de todos los países capitalistas juntos.¹²

Estos acontecimientos relativos a la vida sindical tuvieron su complemento en la Ley de Organización Sindical dictada en agosto de 1961. La ley reprodujo casi «ad litteram» el esquema soviético; su promulgación dejó claramente establecido que el movimiento sindical había renunciado a su identidad propia para subsumirse en una difusa organización de masas concebida no para expresar la voluntad de los trabajadores y defender sus intereses sino como vehículo para movilizar, dirigir y controlar la fuerza de trabajo. Llamada a veces correa de trasmisión del Partido Comunista y otras órgano auxiliar del Estado, la CTC estaba condenada a ejercer las más ingratas funciones y a servir de caja de resonancia de los deseos de Castro.

Terminada la captura del movimiento sindical, la revolución comenzó a poner en ejecución los planes que tenía en cartera para los trabajadores. Unos tras otros fueron tomando cuerpo los elementos constitutivos del nuevo régimen laboral. No se trataba de medidas aisladas ni discordantes entre sí, sino de las piezas componentes de un ordenamiento que en el sector laboral completaba el sistema totalitario que los hermanos Castro y sus colaboradores habían previsto para Cuba.

Las primeras disposiciones que en consonancia con el totalitarismo fueron adoptándose guardaban relación con el monopolio del empleo en favor del Estado. En vez de la libertad de trabajo consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los trabajadores cubanos se vieron confrontados con la realidad de que sólo podían emplearse como asalariados del Estado. De una parte, el proceso de estatización de la economía continuaría implacablemente su curso hasta la expropiación en 1968 de más de 48,000 pequeños comercios privados, precisamente los últimos que se hallaban fuera del control estatal. De otra parte varias disposiciones legales fueron prohibiendo toda actividad económica independiente; el derecho que en otras partes existe de trabajar por su propia cuenta se transformó en Cuba en un delito, el de actividad económica ilícita.

El monopolio estatal del empleo se vio fortalecido con la exigencia de la tarjeta de identidad como medio para controlar la fuerza de trabajo y requisito esencial para obtener empleo. El deber de trabajar se hizo efectivo para todos y se vio fortalecido con la adopción en 1971 de la Ley contra la Vagancia, que castigaba a los que entre los 17 y los 60 años se negaren a trabajar. Hacia 1970, más del 90 por ciento de la fuerza de trabajo laboraba para el Estado. Al margen quedaban los pequeños agricultores organizados en una Asociación Nacional que no tardaría en convertirse en una pieza más de la maquinaria estatal

Es cierto que para contrarrestar la pérdida de la libertad de trabajo, el régimen ofrecía la promesa de garantizar el pleno empleo, es decir su compromiso de darle ocupación a todos los que estuvieren en aptitud de trabajar. Y es verdad también que durante algún tiempo, la revolución expandió las oportunidades de empleo, sobre todo en las empresas caracterizadas por un uso intensivo de la mano de obra. Es hoy bien sabido, sin embargo, que una gran parte de ese aumento del empleo se llevó a efecto de modo artificial inflando las plantillas del personal y que en ningún momento llegó a cumplir con los requisitos que fija la OIT para que haya un auténtico pleno empleo, es decir que nunca fue total, productivo, útil y libremente elegido.

Simultáneamente con la regulación del empleo, el régimen dedicó su atención al establecimiento de una nueva estructura salarial basada en los principios marxistas. Según el primero de estos principios, la retribución iba a fijarse en proporción a la cantidad y calidad del trabajo aportado, lo que daría lugar a la implantación casi al mismo tiempo del sistema de normación del trabajo. Para recibir el salario previsto en la escala oficial, el trabajador debía producir la cantidad de bienes o servicios establecida en la norma. Las escalas salariales eran bajas y para incitar al trabajador a producir más se instituyó la emulación socialista, se dio preferencia a los incentivos morales favorecidos por Guevara y se priorizó el trabajo a destajo, el mismo que tanto habían criticado antes los comunistas. El objetivo principal del sistema era lograr que el trabajador produjera el máximo posible y el Estado aumentara su beneficio. En ningún momento el trabajador podría recibir lo que algunos socialistas del siglo pasado llamaban el derecho al producto íntegro del trabajo, dado que un segundo principio enunciado por Marx señalaba que no todo el producto del trabajo podía ser destinado al consumo individual. Una parte de lo producido iba a dedicarse a crear los fondos sociales dirigidos a satisfacer las necesidades comunes de la sociedad. El tiempo habría de demostrar, sin embargo, que otros intereses y no precisamente los correspondientes a los trabajadores y la sociedad, habrían a menudo de determinar el destino de esos fondos.¹³

Las deficiencias en la remuneración habrían de compensarse en el esquema castrocomunista con la provisión gratuita de atención médica y servicios educacionales. Ambos puntos (que se estudian en otros capítulos de este libro) se avenían también, por supuesto, con la naturaleza totalitaria del régimen y con la aspiración de Castro de que todo dependiera de su voluntad omnímoda. No hay que olvidar, sin embargo, que cualquiera que sea el alcance que se confiera al llamado salario social, el Código del Trabajo reconoce que el salario directo en moneda constituye la parte principal de los ingresos del trabajador. A mediados de los años 80 el salario medio mensual era de 184 pesos. En Cuba, obreros y campesinos tienen además que pagar la cuota sindical y contribuir al sostenimiento de las Milicias de Tropas Territoriales.

Fueron también austeras las otras condiciones de trabajo contempladas en el proyecto castrista. No es sólo que se procurara acentuar la nota igualitaria y estatizante que se halla en la base del sistema, sino que se descuidó lo que ellos mismos llaman la atención al trabajador. Tanto la Constitución de 1976 como el Código del Trabajo fueron particularmente avaros en conferir derechos a los trabajadores. Nada se avanzó en materia de jornadas, descansos o vacaciones y en algunos casos se registraron retrocesos. Se llegó incluso a prever una variante inaudita del trabajo extraordinario consistente en un doble turno dispuesto por la administración. Tampoco se progresó en materia de estabilidad en el empleo pues sobre éste pendía siempre la amenaza de una declaratoria de disponibilidad. Las relaciones entre la administración y los trabajadores se conducirían bajo el signo de una fuerte e inusitada dosis de disciplina laboral. El cumplimiento estricto de los deberes y la aplicación de medidas disciplinarias se convertirían en tema central y recurrente del enfoque oficial y las reuniones sindicales. Desde el largo capítulo que le dedica el Código del Trabajo hasta los llamados reglamentos ramales y la creación de los consejos disciplinarios y los órganos de justicia laboral de base (cuyo objetivo principal no fue tanto dar participación a los trabajadores en la solución de conflictos como fortalecer la disciplina), ésta pasaría a ser una verdadera obsesión del gobierno y una aflicción para los trabajadores. Sólo con respecto a la cobertura de la seguridad social y la protección a la maternidad se extendieron los beneficios de que antes se gozaba.

En otros países socialistas, el gran cambio operado en el ordenamiento laboral tuvo lugar en las relaciones obrero-patronales pero no en las condiciones de trabajo que continuaron siendo básicamente las mismas. En Cuba no; en nuestro país, Castro barrió con los derechos que conforman las relaciones laborales (libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga) y además alteró en perjuicio del trabajador las condiciones de trabajo (jornada, salarios, etc).

Si la legislación laboral fue estricta y avara en delinear el trato que el régimen debía dar a los trabajadores, la práctica laboral fue aún mucho más lejos. Castro quiso aprovechar a fondo el entusiasmo revolucionario que su oratoria y promesas despertaban en grandes sectores de la clase obrera y lo hizo exhortándoles a que realizaran sacrificios en la ejecución de sus labores. A la ciudadanía, en general, le había pedido que tuviera paciencia y se conformara con el consumo austero al que las deficiencias productivas le obligaban. A quienes eran su clientela favorita, los trabajadores, les urgió a realizar sacrificios aun mayores recordándoles que esa era su revolución y ese su Estado.

Durante los primeros años de la revolución los sacrificios fueron de muy variada índole: muchos trabajadores renunciaban, por ejemplo, a sus vacaciones o a la compensación por horas extraordinarias o al derecho a disfrutar de ciertas licencias. Algunos más fanatizados intensificaban las contiendas emulativas llevándolas hasta lo que se llamó la emulación al rojo vivo. En general, sin embargo, la forma más común de efectuar una contribución fue la del plustrabajo. Se puso de moda realizar proezas laborales prolongando las horas de trabajo o rompiendo marcas en la cantidad de unidades producidas. Era una aplicación generalizada de la práctica staliniana del estajanovismo. Macheteros que trabajaban 15 horas todos los días de la semana y todas las semanas de la zafra. Gente que trabajaba cuatro o cinco mil horas al año, cuando lo normal en otros países es laborar menos de dos mil horas.

El gobierno nunca pagó por cierto las vacaciones no disfrutadas ni las horas extraordinarias (a pesar de que Castro dijo en el XIV Congreso de la CTC que esas acciones eran un robo). Lo que sí hizo fue disponer que en el expediente laboral de cada trabajador se hiciera constar como mérito la realización de trabajos voluntarios, el sobrecumplimiento de las normas y la prolongación de las horas de trabajo sin recibir compensación. Se esmeró también en hipertrofiar la emulación socialista otorgando títulos honoríficos, diplomas, banderas y medallas. Hacia 1970 existían 26 medallas y órdenes diferentes. Sentados en las tribunas de los grandes desfiles fueron así apareciendo vanguardias y héroes del trabajo; el número de éstos llegó el pasado año a 88.

Era una campaña sistemática dirigida a extraer la máxima utilidad del trabajador, campaña que se alentaba desde la cumbre y se llevaba a cabo por administradores de empresa y dirigentes sindicales. El régimen instruía a los administradores para que fueran más exigentes con los trabajadores. A los líderes sindicales se les recordaba que sus tareas principales eran las relativas a la producción, la educación política y la disciplina laboral.

Para cumplir esos fines y para obtener el mayor esfuerzo de los trabajadores fue que los antiguos convenios colectivos se transformaron en los años 70 en «compromisos colectivos de trabajo», en los que los obreros cuantificaban sus promesas de cumplir y sobrecumplir las normas y las metas de producción. Se podrá argüir que el aprovechamiento del plustrabajo se hacía con el consentimiento de los trabajadores afectados, pero se trataba de un consentimiento viciado y de una explotación que violaba principios fundamentales del ordenamiento laboral: el del respeto a la jornada de ocho horas, el de la irrenunciabilidad de los descansos y vacaciones y el del carácter de orden público territorial de las normas de protección al trabajo.

No había, en todo caso, la menor justificación para las varias formas de trabajo forzoso que Castro y su revolución fueron imponiendo. Según la cuenta de la Organización Internacional del Trabajo dichas formas incluyen las penas de cárcel que se aplican a los llamados vagos y parásitos sociales, los trabajos que se imponen a los que por incumplir las obligaciones de su cargo ocasionen un daño a la producción, la exigencia de tareas especiales para la recaudación de impuestos, el trabajo forzoso para obras de interés público y las prestaciones que se exigen de los reclutas del Servicio Militar con respecto a trabajos agrícolas o de construcción. En relación con todas estas variantes la OIT consideró que se habían producido «serias y persistentes violaciones» de los Convenios 29 y 105 que prohíben el trabajo forzoso.¹⁴ No incluidos en la lista de la OIT están el trabajo forzoso de los planes de rehabilitación de los presos políticos y el servicio social que se requiere a los graduados universitarios.

El aprovechamiento del plustrabajo encontró su máxima expresión en lo que oficialmente se llamó el trabajo voluntario no remunerado en beneficio de la sociedad. El nombre resultó después ser un eufemismo, pues si bien en los primeros años fueron muchos los trabajadores que espontáneamente se ofrecieron para realizar trabajos voluntarios, la práctica posterior se rodeó de tal número de presiones sociales y oficiales que pasó a ser para no pocos obreros un trabajo forzoso o pseudo voluntario.

La introducción del sistema fue también una copia de la experiencia soviética. Mas, como sucedió con otras instituciones y prácticas, Castro la llevó a extremos no previstos en la URSS. En ésta fue perdiendo importancia a medida que mejoraba la organización y volumen de la producción. En Cuba, en cambio, el régimen lo consagró en la Constitución y lo ha siempre fomentado de modo sistemático. La causa principal de ese uso exagerado del trabajo voluntario se halla en su utilización para suplir atrasos o sobrecumplir los planes de producción así como para utilizar suplementos de mano de obra en el corte de la caña y la atención a otros cultivos.

Para los líderes de la revolución el trabajo voluntario se convirtió además en un instrumento crucial para elevar la conciencia de las masas. Ya en 1964 Guevara anunciaba con entusiasmo que se habían laborado 1,683,000 horas de trabajo voluntario y que todos los que acumularan 240 horas o más en un semestre (es decir un mes suplementario de trabajo sin sueldo) recibirían el título de vanguardia.¹⁵ Un cuarto de siglo después 2,500,000 cubanos trabajaron en el Domingo Rojo dedicado a conmemorar el 72 aniversario de la Revolución Bolchevique. Pero fue así también en 1992 que la OIT pidió al Gobierno de Cuba «la completa eliminación de los aspectos coercitivos del trabajo voluntario».¹⁶

El valor acumulado de lo que el trabajo voluntario representó para la revolución es difícil de calcular. El autor de este capítulo lo estimaba en 1989 en 2,000 millones de dólares,¹⁷ suma que sería probablemente muy superior en la actualidad; más dineros en todo caso que Castro pudo utilizar para perfeccionar su aparato de seguridad, financiar las guerras de Africa y fomentar guerrillas en América Latina. A su incremento contribuyeron la CTC (encargada de organizarlo), los administradores de empresas e incontables trabajadores ansiosos de complacer al Comandante en Jefe. Castro se mostró por cierto indiferente a las quejas de los que en el XVI Congreso de la CTC se refirieron a los efectos nocivos de las largas jornadas y abogó en cambio por la prosecución del trabajo voluntario.

Únicamente razones de fuerza mayor como la escasez de combustible y la falta de materia prima han podido frenar durante el período especial iniciado en 1990 el ritmo vesánico del trabajo pseudo voluntario. Dejó de practicarse o declinó notablemente en muchos sectores. En 1998 la Jornada Nacional del Trabajo Voluntario fijó metas modestas de 40, 100 ó 240 horas extras por trabajador para ese año. Tal descenso no quiere decir, sin embargo, que se ha extinguido el trabajo en cuestión. Prueba de que aún tiene manifestaciones más o menos importantes son las movilizaciones frecuentes para la recogida de frutos menores y el elevado número de horas de trabajo voluntario realizadas en la construcción del Stadium Panamericano y más recientemente de una terminal del Aeropuerto José Martí.¹⁸

Castro se aprovechó del plustrabajo mientras pudo mantener una cierta reciprocidad en el trato que daba a la clase obrera. Aunque los trabajadores nunca recibieron lo que en justicia les correspondía ni disfrutaron de la prosperidad que se les había prometido, el régimen sí les siguió ofreciendo las garantías mínimas del cuasi pleno empleo artificial y el salario social que hasta cierto punto compensaba las escalas salariales bajas. Sin embargo, cuando llegó la crisis de los años 90 con su secuela de desempleo, escasez, cierre de comedores obreros, dificultades en el transporte y falta de materias primas, petróleo, útiles y equipos de trabajo, se hizo difícil seguir recabando mayores esfuerzos. Hubo, es cierto, movilizaciones para el programa alimentario y continuaron las de estudiantes pero se notaba desgano en el trabajo agrícola y se acentuaron los males que ya antes habían a menudo aflorado del ausentismo (que René Dumont calificaba de plaga nacional en 1965),¹⁹ la disminución de la productividad y la indisciplina. Una ley de 1992 amplió la gama de acciones punibles y de las medidas disciplinarias a imponer.²⁰ El código del trabajo había previsto cinco tipos de sanciones y ese número dicha ley lo elevó a once. Solo en los seis primeros meses de aplicación de la ley se impusieron las siguientes penas: 1) advertencia pública (dirigida a humillar al trabajador) a 10,022 trabajadores; 2) multa con descuento del 25 por ciento del salario, a 3,358; 3) suspensión de trabajo y sueldo por un mes, a 1,069; 4) traslado por un año a otro centro laboral, a 3,060; 5) traslado a otra posición laboral, a 850; y 6) despido a 3,657. El total de trabajadores sancionados durante ese lapso pasaba de 22,000.²¹

Ya no era posible mantener al país en un estado de movilización permanente y se hicieron menos frecuentes las proezas laborales. Crecía, en cambio, el número de personas que preferían trabajar por su cuenta o salir ilegalmente del país y se palpaba por doquier una relajación generalizada de esfuerzos.

Se hacía necesario en esas condiciones encontrar otros medios de obtener un beneficio adicional del esfuerzo de los trabajadores. Tal beneficio se ha logrado en primer lugar con lo que Marx llamaba la plusvalía relativa resultante de la intensificación del trabajo inherente a la normación, la emulación, la militarización y la utilización del salario por rendimiento. Según este sistema es el propio obrero el que se ve obligado a imprimir mayor intensidad a su trabajo para mejorar la cuantía de su salario. A esta fuente de aprovechamiento ha venido a añadirse en fechas recientes otra que puede calificarse de exacción insólita. La apertura del régimen a las empresas capitalistas extranjeras le ha dado en efecto la oportunidad de explotar de distinta forma a los trabajadores que en ellas se emplearon (unos 100,000 en 1998). A los inversionistas extranjeros que abrieron negocios en Cuba, Castro les ofreció la garantía de una fuerza de trabajo sometida y dócil a cambio de que los sueldos del personal se entregaran en dólares al gobierno el cual se encargaría de pagar con pesos a los trabajadores. La operación era de todo punto ilegal ya que no sólo contravenía el Código del Trabajo y el principio de integridad del salario sino que violaba también los artículos 5 y 6 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre protección del salario. Según esas normas, el salario debía pagarse directamente al trabajador sin que fuera lícito limitar en modo alguno el derecho de éste a disponer libremente de su importe.²² El Convenio había sido ratificado por Cuba y era, por supuesto, conocido por los gobiernos involucrados. Había pues el peligro de una denuncia ante la OIT y de una eventual reclamación ante los tribunales, pero la avaricia pudo más que los temores o los escrúpulos. Era mucho lo que estaba en juego: con el peso devaluado a menos de una vigésima parte del dólar, Castro se aseguraba una ganancia enorme y a los empresarios extranjeros se les abrían las puertas de una explotación monopólica o privilegiada. El único perdedor era el trabajador cubano al que se le esquilmaba una vez más sustrayéndole sumas increíblemente elevadas. Era una situación parecida a la que en 1907 originó la huelga de la moneda; la diferencia estaba en que en esa oportunidad los tabaqueros protestaron contra el pago en la devaluada moneda española y su huelga se coronó con un triunfo. Ahora, en cambio, no se producía queja alguna del aparato sindical y ello a pesar de que a los empleados de los hoteles se les sometía además a un riguroso y casi vejatorio régimen disciplinario que incluía 22 obligaciones y 46 prohibiciones.

Los otros trabajadores -los que continuaban laborando para el Estado- sufrían por esta misma época el doble quebranto de seguir percibiendo salarios bajos y de la pérdida del poder adquisitivo del peso. Ni siquiera cuando el azúcar alcanzó precios asombrosamente altos, se abonó a los trabajadores lo que en rigor les correspondía, sin contar con que otros pagos, incluyendo el correspondiente a las horas extras, se fueron esfumando.

Cabe agregar que durante la mayor parte de estos 40 largos años, los salarios mínimos se fijaron asimismo en sumas módicas, iguales o inferiores a las escalas establecidas en 1959 y por debajo de lo que era en otros países el límite de la pobreza o la satisfacción de las necesidades básicas. En 1998, por ejemplo, el salario mínimo de los técnicos (128 pesos) y el de los empleados de las empresas descentralizadas (130 pesos) apenas llegaba en su valor real a seis dólares al mes. Existe desde 1962 una libreta de abastecimiento que en teoría permitía adquirir artículos de consumo a precios módicos, pero la libreta servía en realidad para racionar la distribución y ésta se fue haciendo cada vez más deficiente.

Los infortunios del trabajador se vieron aumentados con la inclinación del régimen a favorecer una política de creciente militarización del trabajo. La militarización tiene su origen en el sistema de trabajo por brigadas ampliamente utilizado en la Unión Soviética, pero adquirió su propia dinámica en Cuba debido a las inclinaciones militaristas de los hermanos Castro. En última instancia el sistema tiende a una gradual sustitución de la empresa como unidad básica de producción por lo que la CTC llamó «una forma superior de organización, disciplina y control del trabajo».

La militarización cubana tiene dos aspectos: uno voluntario o semivoluntario y otro impuesto por el gobierno. La dimensión voluntaria consiste en la agrupación de cierto número de trabajadores en unidades paramilitares itinerantes dotadas de un régimen particular. Unidades de este tipo aparecieron en los años 60 en forma de brigadas de macheteros y otros trabajadores de la agricultura; sus formas primigenias fueron una derivación del recurso a las movilizaciones que tan frecuentemente ha sido utilizado en estos 40 años. En 1971 surgió el movimiento de microbrigadas de la construcción en las que la adhesión del trabajador era también voluntaria. La práctica se expandió posteriormente con el auspicio de Castro y la anuencia de la CTC hasta dar vida a la constitución de grandes contingentes compuestos de brigadas, columnas y destacamentos e integrados por miles de trabajadores y de numerosas brigadas que laboran cerca de los centros de trabajo y están constituidas por trabajadores fanatizados o atraídos por el señuelo de construir sus propias viviendas. En los contingentes, que comenzaron a aparecer en 1987, el objetivo básico que se perseguía era incrementar la productividad mediante el aumento de las horas de trabajo, las escalas salariales más elevadas y la aplicación de una disciplina férrea.

En la práctica el trabajo en los contingentes se tradujo en otra forma de plusvalía de la que el régimen pudo disponer a su gusto. Aunque su prestación era mejor retribuida que las labores normales, no se pagaba en proporción a las 12 ó 14 horas en que se fijaba la jornada diaria en buena parte de los contingentes. El gobierno lo fomentaba para usufructuar los menores costos laborales de su operación y para ofrecer un ejemplo de supervivencia de lo que algunos llaman el sentido heroico de la revolución. El contingente Blas Roca por ejemplo ha servido de tropa de choque para combatir señales de oposición.

Particularmente abusiva ha sido la utilización de jóvenes y niños en las actividades laborales organizadas por el Ejército Juvenil del Trabajo, las Brigadas de Producción y Defensa y los Batallones de la Unión de Pioneros. El E.J.T. constituido en 1974 y puesto después bajo la supervisión del Ministerio de las Fuerzas Armadas ha participado intensamente en las tareas de la caña, el café, las granjas de cultivo y la industria de la construcción. Es un remedo de los ejércitos industriales mencionados en el programa del Manifiesto Comunista.

Las modalidades compulsorias tienen también una larga y variada historia. Comprenden, por ejemplo, las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), verdaderos campos de concentración en los que fueron internados en 1965 más de 25,000 jóvenes acusados de homosexualidad, rebeldía, religiosidad o disidencia, incluyendo al hoy Cardenal Jaime Ortega. En recintos cercados de la provincia de Camagüey a estos jóvenes se les obligaba a trabajar y se les maltrataba física y moralmente sin que mediara proceso judicial previo ni sentencia de clase alguna. Cabe incluir también al Servicio Militar Obligatorio primordialmente utilizado por el gobierno para obligar a los reclutas a trabajar durante primero tres y luego dos años en faenas agrícolas y también al plan de rehabilitación de los presos políticos llamado Camilo Cienfuegos.

En años recientes la militarización abarca también los aspectos indirectos de coerción y represión que hoy caracterizan muchos ambientes de trabajo. Ante la apatía e indisciplina de unos y los robos a la propiedad estatal y los actos de sabotaje de otros, se ha instaurado un Sistema Unico de Vigilancia y Protección de las empresas que incluye la guardia obrera, los consejos disciplinarios, el uso de las MTT y el empleo en algunos casos de perros sabuesos, así como el agravamiento de las penas previstas en la ley. Se han dictado asimismo nuevos y más estrictos reglamentos disciplinarios y en el sector del azúcar se ha apelado a un general del ejército para que dirija la producción. Las Fuerzas Armadas, por su parte, son dueñas y operadoras de empresas agrícolas, transportistas y turísticas. Su irrupción en el campo económico busca contrarrestar con disciplina militar la tradicional ineficiencia de las empresas del Estado.

De la escasa consideración que Castro tiene para los trabajadores, da fe su envío a otros países en una presunta aplicación del internacionalismo proletario, que en realidad representa pingües ganancias para el gobierno. Haciendo caso omiso del principio de que el trabajo no es una mercancía ni un artículo de comercio, el régimen arrienda a otros países trabajadores de todo tipo, incluyendo técnicos y profesionales, percibiendo sumas considerablemente superiores al salario que reciben los interesados. La práctica fue particularmente intensa cuando existía la llamada comunidad de países socialistas, pero todavía en 1998 había 2,809 cubanos prestando servicios en 86 países. Solo en Sudáfrica había 400 médicos y en Brasil 120. En 1997 los trabajadores internacionalistas aportaron 18 millones de dólares al gobierno. Hace unos años fueron varios centenares los que talaron bosques en Siberia.

¿Qué papel ha desempeñado entre tanto el movimiento obrero organizado? Durante cuatro decenios, la CTC ha funcionado como la quinta rueda del carro de la revolución. Se ha esforzado, con resultados dudosos, por hacer que los trabajadores rindan más, pero al tratar de cumplir esa misión se ha señalado como un apéndice del PCC. Los propios estatutos de la central obrera admiten que corresponde al Partido la dirección superior del movimiento obrero; la Constitución Socialista ni siquiera menciona el derecho de sindicalización y el Código del Trabajo no lo incluye entre los quince principios fundamentales que rigen el derecho laboral.

Aunque la teoría marxista-leninista había asignado al sindicato otra importante función, a saber, la de actuar como contrapartida de la administración poniendo de relieve los errores y arbitrariedades que hubieran podido cometerse, en Cuba la CTC jamás ha proferido la menor crítica, ni esbozado sus propios programas, ni articulado aspiraciones diferentes; lo que sí ha hecho es adiestrar a sus afiliados en la gimnasia del brazo levantado.

Las reuniones del Comité Nacional no las preside el Secretario General de la CTC sino representantes del PCC o del Gobierno. Hasta el Director de Trabajadores, órgano oficial de la CTC, no es nombrado por ésta sino por el Buró Político del PCC. El papel principal que desempeñan Pedro Ross Leal y otros miembros del Secretariado Ejecutivo es velar por la implementación de los acuerdos del Comité Central del PCC. Los congresos de los sindicatos nacionales continúan celebrándose conforme al mismo ritual monótono y estéril; los de la CTC son una coreografía cuidadosamente ensayada en la que los delegados actúan como comparsas que se mueven al compás de lo que marca el maestro de danza; en ambos las tesis y resoluciones son invariablemente aprobadas por el 99 por ciento de los votos. Dos veces al año tienen lugar las asambleas por la eficiencia (los parlamentos obreros cesaron en 1994), mas la actitud de los asistentes es de simple aquiescencia a lo que algún enviado o técnico del gobierno tenga a bien proponer. Nadie se atreve a discrepar en público de la línea oficial. La sombra de la Seguridad del Estado se proyecta sobre la vida y actividades de los dirigentes de la CTC; en el organigrama de la Seguridad del Estado hay una sección encargada de vigilar las organizaciones de masas y en particular la CTC.

El número de sindicatos nacionales es actualmente de 19 y el de las secciones sindicales pasa de 70,000. La proporción entre dirigentes y activistas (unos 115,000) y afiliados (3,3 millones), sigue siendo una de las más altas del mundo. Hay que aclarar que en Cuba la afiliación sindical se produce de modo automático tan pronto se establece una vinculación laboral. La cuota sindical, virtualmente obligatoria y que aportó 57 millones de pesos en 1997, permite financiar esa nueva burocracia.

Este cuadro, más bien patético, del aparato sindical de la revolución explica la indiferencia u hostilidad que muchos trabajadores sienten ante sus titulados dirigentes. Las reuniones sindicales tienen que celebrarse en horas de trabajo para lograr el quórum requerido; un porcentaje muy elevado de la fuerza de trabajo no se siente representado por su sección sindical, labora sin convenios colectivos y no conoce siquiera el plan de producción de su centro de trabajo. Todo lo cual explica el sentimiento de enajenación del obrero respecto a su vida laboral.

Muchos son los trabajadores que actualmente se empeñan en constituir sindicatos independientes y aunque el gobierno parecía haber cambiado su política, accediando a indicaciones de la OIT, los resultados siguen siendo inútiles. Primero era el Ministerio de Justicia el que se negaba a responder la solicitud de reconocimiento y ello generaba la posibilidad de una denuncia por asociación ilícita. Más recientemente se efectúan discusiones sobre proyectos de sindicatos, o tienen lugar reuniones preparatorias de consejos unitarios o institutos sindicales independientes, pero el régimen impide al final la creación de una efectiva organización al margen de la CTC. Unas veces se despide o declaran disponibles los cargos de los organizadores o se alega que son desempleados; otras se allanan las viviendas de los activistas y no faltan oportunidades para la represión pura y simple.

El modelo de régimen laboral que Castro impuso en los años 60, se ha ido poco a poco desmoronando treinta años después. Tanto el monopolio estatal del empleo como la promesa de empleo estable fueron las primeras víctimas de la gran crisis causada por el fin de la ayuda soviética. Además de conferir a capitalistas extranjeros el derecho a emplear trabajadores cubanos, el gobierno autorizó en 1992 el trabajo por cuenta propia como medio de proporcionar una válvula de escape al creciente ejército de desocupados. No fue un reconocimiento explícito de la libertad de trabajo sino una autorización rodeada de restricciones y aplicable sólo a ciertos trabajos. No obstante, fueron muchos los que solicitaron permiso para establecerse por su cuenta: si en 1989 eran sólo 25,200 según el Anuario Estadístico de Cuba, el número pasó en 1995 a alrededor de 200,000. Hubieran sido muchos más si no fuera por las cargas fiscales, las inspecciones reiteradas, los decomisos y el hostigamiento oficial. Castro les dirigía además críticas acerbas, seguramente motivadas por el deseo de congraciarse con los asalariados del Estado y de reivindicar la validez de su programa inicial. Hoy el número de cuentapropistas es de 136,000.

El sueño del pleno empleo se convirtió a su vez, en la angustia de un desempleo estructural masivo cuya magnitud el gobierno trata de ocultar difundiendo una terminología engañadora. Casi nunca se habla en efecto, de desempleados sino de interruptos, sobrantes, disponibles y reubicables. En 1995 la revista Bohemia decía que llegaba a un millón el número de subempleados, si bien esa cifra probablemente incluía también a los desempleados.²³ Y emparentado de cierto modo con ellos está el creciente número de trabajadores que en el mejor estilo neoliberal son ahora contratados sólo de modo temporal.

Otra gran baja del proyecto laboral castrista fue la percepción de un salario real aceptable. No solamente se produjo la pérdida del poder adquisitivo del peso como resultado de la crisis y dolarización de la economía, sino que, con excepción de algunos trabajos de particular importancia estratégica, los propios salarios nominales se estancaron a lo largo del período especial. Es significativo el hecho de haber suspendido el gobierno a partir de 1990 la publicación del Anuario Estadístico y de negarse a suministrar a la OIT información alguna al respecto. El salario medio mensual de los asalariados del Estado representa actualmente poco más de diez dólares y algunas pensiones se fijan en el equivalente de cinco o seis dólares. Con razón pudo así afirmar el Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba que «los trabajadores cubanos figuran entre los de más bajos ingresos del mundo y los peor pagados a escala continental».²⁴

Era obviamente difícil en las circunstancias expuestas que el trabajador pudiera costear la cesta familiar de productos y servicios básicos y es lo cierto que en varias ocasiones el gobierno ha reconocido que cerca de un 20 por ciento de la población se sitúa por debajo de los niveles de subsistencia. ¿Cómo se las arregla entonces para sobrevivir? Pues sencillamente con lo que le da la libreta de abastecimientos o adquiriendo productos de baja calidad en los centros agropónicos,²⁵ por la concurrencia de varios salarios en una misma familia e intercambiando bienes, servicios y favores en una suerte de economía sumergida o paralela que es tolerada por el gobierno. El intercambio comprende los productos más diversos: alimentos, cigarros, ropas, zapatos, juguetes, radios, etc. Aún más frecuente es la venta de cualquiera de esos bienes por dólares. Y en la base de gran parte de esos trueques o compraventas está el robo al Estado, el sacrificio ilegal de ganado, el hurto de productos agrícolas, la sustracción de bienes y equipos pertenecientes al vasto dominio estatal.²⁶

Ahí no terminan los descalabros del régimen laboral castrista. Se está alterando en el período especial el trasfondo socioeconómico de las relaciones laborales. Surgen nuevos fenómenos como la escasez de bienes de capital, la insuficiencia de la demanda global de empleo, el retroceso de la mecanización a formas primitivas de producción, el agravamiento de la inflación, la hipertrofia del sector terciario y el flujo creciente de migrantes de las provincias a La Habana, lo que dio lugar en 1997 a su prohibición a fin de evitar una agudización del desempleo en la capital y un déficit de fuerza de trabajo en muchas áreas rurales, o como la aparición de zonas francas en las que se otorgan franquicias para la flexibilización del trabajo. Se agravan las viejas dificultades que el período de rectificación de errores trató en vano de superar y que la crisis ha hecho aún más patente, a saber el descenso de la productividad, la indisciplina y el ausentismo.²⁷ Surgen nuevos grupos formados por los cuentapropistas, los trabajadores de las cooperativas (UBPC), el personal que ocupa cargos técnicos, los contratados por tiempo determinado, los jubilados que vuelven a emplearse, los que tienen una regulación laboral distinta por trabajar en sectores emergentes (turismo, níquel y tabaco) y los empleados por las empresas que en 1998 fueron descentralizadas.²⁸ Cada uno de estos grupos tiene sus propios intereses y el conjunto explica las disparidades de la estructura salarial. Más profunda es desde luego la brecha que se abre entre los empobrecidos trabajadores del Estado y los empleados en hoteles y empresas mixtas que reciben parte de sus salarios o propinas en dólares o pesos convertibles, y todavía más grande es desde luego la división provocada por el tratamiento desigual que el régimen da a los trabajadores según sus ideas políticas. Quienes no comparten la ideología oficial son discriminados de modo flagrante en el acceso al empleo, la formación profesional y la educación universitaria.²⁹ Ese conglomerado variopinto, cada vez más alejado de la nueva clase privilegiada, constituye el reverso del proyecto de sociedad igualitaria que Castro pretendió establecer en Cuba.

La crisis alcanza a lo dispuesto en la propia Constitución. Así como se viola impunemente la jornada laboral de ocho horas, se desconoce también el derecho de protección, seguridad e higiene del trabajo. Hace dos años el periódico Trabajadores decía que las jubilaciones por incapacidad alcanzaban cifras increíblemente elevadas si bien no se sabía si todas eran legítimas o si algunas se basaban en certificados médicos de complacencia. Es lo cierto, sin embargo,que «el obrero cubano debe enfrentarse hoy a condiciones inseguras de maquinarias industriales obsoletas, estando además presionado para cumplir o sobrecumplir las normas de producción».³⁰ Indices elevados de enfermedades profesionales, accidentes del trabajo y sobre todo de accidentes fatales han sido advertidos en otras oportunidades³¹ y continúan siendo inquietantes. Los sectores con mayor incidencia son el azucarero, la construcción, el transporte terrestre y el marítimo. De este último se ha dicho que «nunca antes en la historia de la marina mercante se había visto naufragar tantos buques ni tantos marinos accidentados».³²

Aún más importante es el incumplimiento del precepto constitucional que declara a Cuba una república socialista de trabajadores y afirma que corresponde al Estado realizar la voluntad del pueblo trabajador. En 1991 sólo el 2 por ciento de los miembros del Comité Central del PCC eran dirigentes de la CTC y sólo dos de los 25 integrantes del Buró Político eran trabajadores. En realidad, nunca en 40 años de revolución la clase trabajadora ha ejercido su llamada misión histórica de dirigir; ella se ha limitado a cumplir su misión tradicional de producir.

De la pobre estimación que el gobierno de Castro sigue teniendo para los trabajadores, da fe la Ley de la Inversión Extranjera de 1995. Según el régimen laboral establecido por esta ley para las empresas de capital extranjero (capítulo XI) ni el trabajador, ni su sindicato pueden contratar con dichas empresas. Los trabajadores se vinculan laboralmente con una entidad empleadora del gobierno (especie de agencia retribuida de colocaciones prohibidas en Cuba desde 1953) y ésta es la que contrata con la empresa y paga en depreciados pesos. Se establece así una relación triangular que sirve para burlar los derechos del trabajador y beneficiar al patrono y al régimen de Castro. Aún más, conforme al artículo 34 de esa ley cuando la empresa considera que un trabajador «no satisface sus exigencias», puede solicitar a la entidad empleadora que lo sustituya por otro, lo que equivale a consagrar el despido discrecional.³³

Castro incumple también reiteradamente los convenios internacionales del trabajo ratificados por Cuba. Entre 1986 y 1998 los órganos supervisores de la OIT han registrado más de 40 infracciones de esos convenios («observaciones» en el lenguaje diplomático) y algunas de las más reiteradas conciernen a los cuatro derechos que la OIT considera fundamentales: la libertad sindical y el derecho de negociación, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo.³⁴

Así ha ido dejando jirones de su concepción original el esquema laboral impuesto por Castro en los años 60. Ni control por el Estado de todas las oportunidades de trabajo, ni pretensión de pleno empleo, ni salarios directos aptos para la subsistencia, ni un efectivo salario social, ni pensiones adecuadas, ni sociedad igualitaria, ni legislación laboral avanzada, ni libertad de trabajo, ni libertad sindical, ni realización alguna de las esperanzas que muchos trabajadores acariciaron en 1959.

Una reciente información publicada en la prensa oficial, resume de manera elocuente la situación laboral al cabo de 40 años de revolución: El 26 de mayo de 1998 el Pleno del Comité Nacional de la CTC se reunió en sesión extraordinaria para tratar de «la falta de eficacia laboral y social, las distintas formas de robo y desvío de recursos, los casos de corrupción, la prostitución, la indiferencia, la indisciplina y el falso concepto de que todo es lícito para resolver los problemas y necesidades personales».³⁵ Lo que la CTC iba a discutir en esa reunión reiteraba casi literalmente incontables acuerdos anteriores de asambleas sindicales y del partido así como una resolución del IV Congreso del PCC. Sólo en el ambiente surrealista de Cuba es dable concebir que en ese mismo congreso, Castro fuera alabado como el mejor científico del país y que algunos obreros afirmaran que en sus empresas la producción era desastrosa hasta el día en que Castro las visitó y recomendó cambios en los métodos de producción.³⁶

NOTAS

¹ V.I. Lenin, Obras completas (Buenos Aires, 1957), tomo 23, pag. 67.